El Gobierno convirtió la recuperación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en una de las principales banderas sociales de su gestión. En el mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto 2027 presentado al Congreso, destacó que la prestación subió casi 110% en términos reales desde diciembre de 2023 y que, junto con la Prestación Alimentar, cubre más del 95% de las necesidades básicas de alimentación medidas por el Indec.
Sin embargo, en el articulado de la iniciativa propuso eliminar la norma que obliga a actualizar automáticamente ese beneficio y el resto de las asignaciones familiares en base a la inflación de dos meses previos.
El cambio apareció en el artículo 17, uno de los más breves del proyecto enviado al Congreso. Allí se dispuso la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada en 2015 para establecer la movilidad de las asignaciones familiares y universales. En el proyecto de Presupuesto 2026 habían intentado avanzar con un cambio similar, que fue rechazado por los legisladores.
El artículo 1° es el corazón del régimen vigente: determina que las prestaciones contempladas en la Ley 24.714 —con excepción de la asignación por maternidad— son móviles. También establece que el ajuste debe aplicarse tanto sobre los montos de los beneficios como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes pueden cobrarlos.
Ese esquema comprende no solo la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), sino también las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contributivas y no contributivas.
La Ley 27.160 vincula esos aumentos con la movilidad previsional. A partir de la reforma dispuesta en 2024 por el Ejecutivo, los haberes jubilatorios y las asignaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor que publica el Indec.
Los otros dos artículos que el proyecto propone derogar ponen el cálculo en manos de la Anses y establecieron la primera aplicación del régimen, que se produjo en marzo de 2016. Aunque esa última disposición ya agotó sus efectos, su eliminación se suma a la derogación de la obligación legal de aplicar la movilidad.
El Presupuesto no incorpora una fórmula alternativa, una periodicidad mínima ni otro parámetro obligatorio para actualizar los beneficios. Por lo tanto, si el artículo se sanciona sin modificaciones, las prestaciones continuarían existiendo, pero sus aumentos dejarían de estar garantizados por el mecanismo automático actual y dependerían de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.
La modificación no implica por sí sola que la AUH vaya a quedar congelada, que su monto vaya a disminuir o que el beneficio sea eliminado. El régimen general de asignaciones familiares seguirá vigente y el Ejecutivo conservará facultades para fijar o aumentar los valores. El cambio central es que dejaría de estar obligado a trasladar automáticamente la movilidad a los montos y a los rangos de ingresos.
El Gobierno sostuvo en el texto que acompaña al Presupuesto que los principales componentes del gasto social se actualizan automáticamente mediante una fórmula vinculada con la inflación y atribuyó parte del aumento previsto en las prestaciones de la seguridad social a la política de movilidad, cuyos efectos alcanzan expresamente a la AUH y a la AUE.
Las planillas presupuestarias contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. Se trata de un aumento nominal de 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Sin embargo, ese crédito agregado no permite conocer qué aumentos recibiría cada prestación ni cómo se distribuirían a lo largo del año si desaparece la regla vigente.
Dentro de ese total, el subprograma Asignación Universal para Protección Social, que reúne a la AUH, la AUE y la ayuda escolar correspondiente a sus beneficiarios, dispone de $9,18 billones. Para las asignaciones de trabajadores activos se prevén $3,69 billones; para las de jubilados y pensionados, $1,30 billones, y para las del sector público nacional, otros $185.502 millones.
El Presupuesto proyecta atender a 4.143.930 beneficiarios de la AUH durante 2027, apenas 10.520 más que en 2026. También contempla 90.724 beneficiarios de la AUE y 3.321.397 pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal.
En su presentación, el Ministerio de Economía informó que la AUH y la AUE alcanzaron en agosto los $150.848 mensuales. Según el cálculo oficial, representó una mejora real del 109,8% frente a diciembre de 2023 y benefició a más de 4,2 millones de niños.
El Gobierno también destacó que la Prestación Alimentar llegó a $72.250 para las familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos y $149.425 para los hogares con tres o más. En conjunto, sostuvo, la AUH, la AUE y la ayuda alimentaria permiten cubrir más del 95% de la canasta básica alimentaria, frente a menos del 55% al inicio de la gestión.
