El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, volvió a reclamar que las retenciones desaparezcan de manera definitiva y pidió avanzar con una reforma tributaria que reduzca la carga impositiva sobre la producción agropecuaria. En mayo pasado, el presidente Javier Milei anunció un cronograma de reducción gradual de los derechos de exportación a partir de enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, pero todavía no fijó una fecha para su eliminación completa. Vale recordar que en junio último se bajaron dos puntos las alícuotas en trigo y cebada.
El planteo del ruralista fue realizado durante la 87a. Exposición Rural de Pergamino, en una de las principales regiones agrícolas del país, donde Castagnani también reclamó avanzar con una nueva ley de semillas, mejorar la infraestructura productiva y generar condiciones de mayor previsibilidad para las inversiones.
“Las retenciones deben desaparecer. Son un impuesto distorsivo que castiga al productor, desalienta la inversión y le quita competitividad a uno de los sectores más dinámicos de la economía. Si el país quiere producir más, exportar más y generar más empleo, es urgente avanzar en su eliminación total y definitiva”, afirmó.
El reclamo se produce luego de las sucesivas reducciones aplicadas por el Gobierno y en medio del esquema anunciado que prevé nuevas bajas durante los próximos dos años. Actualmente, el poroto de soja tributa una alícuota del 24%; sus principales subproductos, 22,5%; el maíz y el sorgo, 8,5%; el trigo y la cebada, 5,5%, y el girasol, 4,5%.
El último cambio fue formalizado en junio mediante el decreto 423/2026, que redujo de 7,5% a 5,5% las retenciones para trigo y cebada y estableció un sendero descendente para soja, maíz, sorgo y girasol a partir de enero de 2027. En soja, la alícuota comenzará a bajar a razón de 0,25 puntos porcentuales mensuales durante 2027 y llegará al 21% en diciembre de ese año. En 2028, la reducción será de medio punto mensual hasta alcanzar el 15% en diciembre.
Para maíz y sorgo, el actual 8,5% se reducirá de manera trimestral hasta llegar al 7,5% a fines de 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028. Para el girasol, el cronograma prevé pasar del actual 4,5% al 4% a fines de 2027 y al 3% en la segunda mitad de 2028. No obstante, el esquema oficial no establece todavía la desaparición completa del impuesto para esos cultivos.
Para Castagnani, sin embargo, la discusión tributaria excede las retenciones. “Necesitamos una verdadera reforma tributaria que alivie la enorme carga fiscal que soporta la producción. A las retenciones se suman Ingresos Brutos, tasas municipales, impuestos nacionales y múltiples costos que terminan restando competitividad. No alcanza con bajar un impuesto si el resto continúa creciendo”, señaló.
El dirigente rural sostuvo que la reducción de la carga fiscal debe formar parte de un esquema más amplio de condiciones para producir e invertir. En ese punto incluyó la infraestructura, los caminos rurales, la conectividad, las obras hídricas, el acceso al financiamiento y la estabilidad macroeconómica. “Los productores han demostrado una enorme capacidad para incorporar tecnología y producir cada vez mejor”, afirmó.
Castagnani también volvió sobre otro de los asuntos que se encuentran actualmente en discusión entre el Gobierno, las entidades agropecuarias y la industria: la reforma de la ley de semillas.
La actividad continúa regulada por la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, sancionada en 1973, cuyo objetivo incluye regular la producción y comercialización de semillas, garantizar su identidad y calidad y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. El régimen tiene como organismo de aplicación al Instituto Nacional de Semillas (Inase).
Durante los últimos meses, el Gobierno, la Mesa de Enlace y representantes de la industria semillera mantuvieron distintas reuniones para intentar consensuar una actualización del marco vigente. Entre los principales puntos de discusión aparecen el alcance del uso propio de la semilla, el reconocimiento de la propiedad intelectual y las excepciones que podrían establecerse para determinados productores.
En ese contexto, Castagnani reiteró la posición de CRA respecto de la necesidad de avanzar con una legislación que contemple tanto la innovación y la inversión en genética como los derechos de los productores.
“La Argentina necesita una legislación moderna que permita incorporar más tecnología, mejorar los rendimientos y generar nuevas inversiones. La innovación es una herramienta fundamental para seguir aumentando la productividad y consolidar nuestro liderazgo como país productor de alimentos”, expresó.
Castagnani afirmó que CRA continuará promoviendo en el Congreso proyectos vinculados con la eliminación de los derechos de exportación, una nueva normativa de semillas y una reducción de la presión tributaria.
“Cada peso que deja de ir a un impuesto distorsivo se transforma en inversión, tecnología, empleo y desarrollo para el interior. La Argentina necesita más producción, no más impuestos. Desde CRA vamos a seguir trabajando para que producir vuelva a ser un negocio sustentable y competitivo”, concluyó.
