La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar del Ministerio Público Fiscal porteño investiga movimientos de dinero y beneficiarios en dos causas ligadas al juego ilegal. Una empresa, identificada como Goncada, con sede en Puerto Madero aunque sus dudosos titulares en los papeles tengan domicilios registrados en Lanús y Lomas de Zamora, recibió 893 millones de pesos en solo ocho días. Otra, cuyo nombre permanece en reserva, recaudó 3100 millones de pesos entre el 3 de noviembre último y el 19 de febrero de 2026. Hablamos de unas 220 mil transferencias con emisores y receptores de cada transacción identificados.
Surge de esa identificación que 266 de esas transferencias corresponderían a menores de edad que, en su mayoría, enviaron montos no superiores a los 10 mil pesos a las cuentas sospechosas. Algunas transferencias superaron los 100 mil pesos y una superó el millón. El 92% de los fondos fueron remitidos por estas dos empresas a terceros.
Las publicidades de plataformas ilegales se ven en la calle y en los colectivos, reflejando fallas. Las empresas sortean controles de Lotería de la Ciudad para habilitar sitios legales de apuestas online, evadiendo así el 5% por monto de apuesta que exige la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Un tercer expediente se ocupa de menores de edad no ya como apostadores sino como recaudadores, los llamados cajeritos del juego ilegal. Reciben las transferencias de los apostadores y les dan las “fichas” para jugar, quedándose con una parte y transfiriendo la otra a su superior en la cadena. Los intermediarios no aparecen en las transferencias y, por ende, debidamente ocultos, no quedan comprometidos con un delito. Hay también empresas de cobranzas que funcionan como fachada, además de dominios y procesadores extranjeros con denominaciones falsas, un complejo entramado que consigue burlarse de una sociedad jaqueada por el juego y la ludopatía.
Si bien la mayor parte de las transferencias corresponden a billeteras virtuales, el Banco Provincia de Buenos Aires permite abrir cajas de ahorro a menores, siguiendo normativas del Banco Central y con los controles supuestamente previstos para respetar los límites operativos. Muchos padres no se enteran de estas actividades que despliegan sus hijos, tal como surgió del trabajo periodístico de LA NACION. Vía Whatsapp, por ejemplo, el cajerito pasa la instrucciones, comparte su alias y CBU, y el link de juego al sitio ilegal.
La Cruz Roja Argentina reportó el resultado de un estudio realizado entre 11.421 menores de entre 13 y 18 años de edad, del que surge que la mayoria de los adolescentes no distingue entre sitios legales e ilegales, que el 79% reconoce el riesgo de adicción y que el 12% quedó endeudado.
Los expedientes en torno del juego ilegal se acumulan. El millonario movimiento de dinero involucra a empresas, pero también a personas cuyos perfiles no condicen con los ingresos en sus cuentas. Los menores están comprobadamente a ambos lados del mostrador, a edades cada día más tempranas, gravemente familiarizados con estas nuevas perversas lógicas de consumo, en un clima cultural que asocia al juego con el entretenimiento, el éxito, las figuras públicas y el glamour, detrás del dinero fácil y la recompensa rápida, absolutamente alejados de cualquier sentimiento de vergüenza.
Las tremendas consecuencias económicas, emocionales y familiares son cada vez más difíciles de medir. Si bien la prevención requiere reforzar la educación y el acompañamiento, sin fijar límites en el mercado esto se vuelve imposible. El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar en línea, que promueve, entre otras cosas, normas en la publicidad similares a las que rigen para el tabaco, sigue frenado en el Senado por millonarios intereses. Estamos llegando tarde. No dejemos que el juego gane la partida.
