En línea con la reducción del nivel general del gasto público —uno de los pilares de la política económica que encabeza la gestión de Javier Milei—, se proyecta que el ajuste total alcance los 14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) al finalizar los primeros tres años de administración, lo que marca una tendencia de contracción fiscal sostenida.
El dato surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que analizó la evolución y la composición del gasto público en la antesala de la presentación del proyecto de presupuesto nacional de 2027 en el Congreso, prevista para el próximo 15 de septiembre. El estudio puso el foco en el gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN), que explica aproximadamente el 85% de las erogaciones del Sector Público Nacional.
Al medir la evolución acumulada entre 2023 y 2026, el gasto primario devengado de la APN registra al mes de agosto de 2026 una caída real acumulada del 32% respecto del mismo período de 2023, el año previo a la asunción del Gobierno actual. El ajuste comenzó desde el inicio de la gestión con una caída del 19,4% en enero, profundizándose al 27,5% en febrero y estabilizándose entre el 31% y 32% a partir de marzo. “Es muy significativa y que ha sido sostenible a lo largo de los meses”, calificó el reporte.
En el desagregado de los principales gastos, estas fueron las mayores bajas reales en los primeros ocho meses del año:
Al considerar la contribución que cada componente tiene en el gasto primario, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional concentran la mayor participación, con el 23,6% del total. “Esto refleja que casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios”, determinó el documento y agregó que fue el “puntapié inicial para lograr una caída del gasto del sector público nacional”. Esto se debe a que la APN no recortó directamente el gasto de estas instituciones, sino que se recortaron las transferencias corrientes.
“En el otro extremo, jubilaciones y pensiones presentan la menor caída (-8,2%), mientras que gastos en personal (-28,9%) y ayudas sociales a personas y asignaciones familiares (-30,6%) se ubican en niveles próximos al resultado del gasto primario total”, detallaron en Iaraf.
Bajo el supuesto de que el nivel de reducción real verificado hasta agosto se mantenga durante el último cuatrimestre, el Iaraf estimó que el gasto primario de la APN finalizará 2026 en un nivel equivalente al 12,4% del PBI. Esto implicará una baja de 5,4 puntos porcentuales en relación con 2023 y acumularía un retroceso de 14 puntos en tres años.
El informe concluyó que el origen del ajuste fue por el recorte inicial realizado tanto de manera directa como en la fuente de financiamiento de otras entidades del Sector Público Nacional, de las universidades nacionales y de las provincias y municipios. “Si se suman las reducciones de las transferencias corrientes a estos tres actores relevantes, se tiene que el 42% de la caída del gasto primario de la Administración Nacional se explica por menores transferencias a otras jurisdicciones y entidades del sector público, que deben hacer el ajuste directo de sus gastos, excepto que aumenten su financiamiento propio o que reduzcan otros gastos”, finalizó.
