Una flamante ley porteña acaba de modificar la edad a partir de la cual un niño debe asistir a las aulas, fijándola no ya en cuatro sino en tres años. Este cambio en la escolarización obligatoria constituye un desafío para las familias y para el Estado, protagonistas de una responsabilidad compartida. La iniciativa, presentada originalmente en 2024, consiguió finalmente el apoyo de los distintos bloques.
Según informes de Argentinos por la Educación, la sala de cinco años está hoy casi universalizada, como en el resto de los países de la región, con la de cuatro que alcanza al 87% a nivel nacional. Si bien la tasa neta de escolarización de la sala de tres años aumentó 18 puntos porcentuales en todo el país en la última década, solo el 58% de los niños de tres años asiste al sistema educativo formal; esto es, jardines que dependen de los ministerios de Educación.
Allí radica el desafío. La ubicación de la Argentina está por debajo de Chile (66%) y Uruguay (86%). La disparidad entre provincias es también grande: mientras Buenos Aires y la Rioja superan el 70%, Corrientes, Misiones y Formosa no alcanzan el 30%.
Las fuertes desigualdades socioeconómicas se expresan en que solo asiste a la escuela el 41% de los chicos de tres años de los sectores vulnerables, cuando en los sectores medios la cobertura alcanza el 71%. A nivel regional, Uruguay es líder con un 93% de niños de entre tres y cinco años que asiste al nivel inicial. El porcentaje en la Argentina (83%) es similar al de Chile (82%) y Perú (83%).
Desde este espacio ya hemos abordado el tema del descenso en las tasas de natalidad y su impacto en la escolarización, con menos presión por las vacantes. De los 40 mil matriculados en sala de cinco en 2015, pasamos a 30 mil en 2024 y un estimado proyectado para 2030 que puede descender hasta los 20 mil. Esta transición demográfica facilitaría una ampliación de la cobertura sin requerir mayores cambios en la infraestructura. Por la caída de la natalidad, en 2027 el jardín de infantes podría alcanzar una cobertura cercana al 100%.
La reciente norma se propone también avanzar en la consolidación de una red unificada de escuelas que conjugue adecuadamente las modalidades existentes. Esto es, Jardines Nucleados, Integrales, Comunes, Maternales y Escuelas Infantiles, con el fin de facilitar las trayectorias pedagógicas.
Cabe recordar que el Estado debe garantizar el derecho de todas las familias a acceder a una vacante estatal a partir de los 45 días de vida en caso de requerirla.
La nueva ley convierte a la Ciudad de Buenos Aires en la primera jurisdicción del país en asegurar vacantes para niños de tres años que la soliciten. La legisladora Manuela Thourte (UCR, Espacio Evolución), impulsora del proyecto, destaca que la ampliación de la obligatoriedad consolida un acceso más temprano a la educación tendiente también a reducir las desigualdades entre distintas comunas de la ciudad.
Será responsabilidad del Poder Ejecutivo porteño garantizar las vacantes necesarias. Deberá para ello reorganizar la oferta actual y adecuar en la medida de lo necesario la infraestructura. La obligatoriedad comenzará a regir en 2027, con un plazo de dos años para adecuar la oferta, y se deberá asegurar progresivamente la disponibilidad de doble jornada y la modalidad de asistencia flexible.
Los avances en la cobertura del nivel inicial en la Argentina, sobre todo entre niños de tres y cuatro años, ha sido importante. Extender la escolarización a los primeros años de vida es un imperativo. La ventana de oportunidad que plantea la transición demográfica no asegura una mayor equidad. Debemos seguir trabajando para que esos seis de cada diez niños de hogares vulnerables se incorporen al nivel inicial. Es de esperar que las demás jurisdicciones se sumen sin demoras a la flamante iniciativa porteña.
