Hay que reconocerles algo a estos muchachos, espíritu emprendedor no les faltaba.
Tenían proveedores afuera, distribuidores adentro, logística familiar, billeteras virtuales, celulares para comunicarse y, según la investigación, llegaron a mover unos $590 millones en un año. ¡Eso no es una banda, señores!
Eso es una pyme con exceso de iniciativa y déficit de honestidad. Hasta tenían algo que muchas empresas legales envidiarían, una estructura organizativa perfectamente aceitada, uno conseguía la mercadería, otro la distribuía, otros cobraban y otros se ocupaban de que el producto llegara a destino. El único detalle que les faltó fue contratar un contador que les explicara que cuando pasás de tener $16.000 a manejar millones en pocos meses, quizá conviene no dejar tantas huellas.
Y los 44 celulares secuestrados son otra maravilla de la gestión empresarial.
¡Ni una empresa de call center tiene semejante parque tecnológico! Lo más novedoso es que lograron transformar el Penal en algo parecido a un coworking criminal, cada uno con su función, comunicación permanente y objetivos comerciales. Eso sí, como toda empresa que crece demasiado rápido, apareció el principal enemigo de este tipo de emprendedor argentino, la Justicia Federal.
Y ahí terminó el sueño empresarial, los muchachos descubrieron finalmente que hay dos cosas que se pueden tercerizar, pero no hacer desaparecer, la droga y las pruebas.
