La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) hizo una fuerte autocrítica sobre la relación del peronismo con el campo. Señaló que el conflicto por la resolución 125 en 2008 significó “el quiebre” con el sector productivo y sostuvo que su espacio político debe ser capaz de “aprender de sus propios errores” para reconstruir un proyecto que vuelva a mirar de frente a la producción. En el Agribusiness Forum de AmCham, la legisladora cuestionó que las retenciones, concebidas —según planteó— como una herramienta para un momento excepcional después de la crisis de 2001 se hayan consolidado y aumentado con el paso del tiempo. La legisladora también reclamó “avanzar en una nueva ley de semillas”, modificar la matriz impositiva del agro y construir consensos políticos que den previsibilidad al sector más allá de quién gobierne.
En ese debate, el senador nacional Joaquín Benegas Lynch (LLA) aseguró que la adhesión de la Argentina al tratado UPOV-91 “es un hecho” y afirmó que está próximo un entendimiento entre productores y la industria semillera alrededor de los principales puntos de discusión de una nueva normativa. “UPOV-91 es un hecho para estar dentro del mundo y el acuerdo entre productores y semilleros es inminente y lo celebro”, afirmó.
Benegas Lynch recordó que existen conversaciones entre el Instituto Nacional de Semillas (Inase), la Secretaría de Agricultura, entidades gremiales de productores, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y empresas semilleras para “acercar posiciones”, particularmente sobre cuestiones vinculadas con “las variedades autógamas, el reconocimiento de la tecnología y el pago de regalías”. Para el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara alta, alcanzar ese acuerdo permitirá acercar al productor a nuevas tecnologías y generar condiciones para una mayor inversión en genética.
“En el marco de un convenio con la economía de Estados Unidos se adhiere a UPOV-91 [para] acercar al productor a la última tecnología. Si no se paga la regalía, los inversores se van a hacer desarrollos en otros países”, precisó.
Por otra parte, Tolosa Paz planteó que dentro del peronismo existe un sector que busca revisar lo ocurrido durante gobiernos anteriores. “Soy parte de un grupo de peronistas con una fuerte presencia en cada una de las provincias argentinas que decidimos debatir la etapa que viene de cara a la construcción de un proyecto de país que reconozca los aciertos, pero fundamentalmente tenga la escucha puesta en los errores”, expresó.
Fue entonces cuando hizo referencia directa al conflicto que enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner con las entidades agropecuarias en 2008 por la resolución 125, que proponía un esquema de retenciones móviles. “Creo que muchos sentimos que el 2008 fue el quiebre, y fue el quiebre con el sector productivo, con el gran desarrollo industrial de nuestro país”, sostuvo.
Para la diputada, además, aquella confrontación estuvo asociada a una interpretación del agro que hoy considera superada. “Cuando hablamos de campo, no es campo versus industria. Eso quedó totalmente deslegitimado en la realidad cotidiana de lo que significa la actividad agropecuaria en la República Argentina”, señaló. Según explicó, la producción agropecuaria interactúa con diferentes ramas industriales y constituye una parte central del entramado económico del país.
En esa línea hizo una autocrítica. “Ese quiebre de la 125 hizo que para muchos de los que pensamos en la doctrina justicialista […] fuera este escenario, el escenario complejo para abordar”, dijo. Y agregó: “Si hay algo que estoy representando aquí es la vocación de un espacio político que pueda aprender de sus propios errores y pueda reconstruir un proyecto de país y un programa de gobierno mirando de cara al sector productivo”.
Incluyó dentro de esa revisión el tratamiento que tuvieron las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Según sostuvo, fueron una herramienta surgida en circunstancias económicas extraordinarias que luego se transformó en permanente. “Las retenciones fueron bajo un momento excepcional de la Argentina, la salida del 2001, esa crisis fenomenal, esa mega devaluación, y una herramienta que debería haber durado ese período de tiempo se consolidó y aumentó”, afirmó.
A su entender, la continuidad de ese esquema tuvo consecuencias sobre el desarrollo del sector. “Cuando miramos el resultado, vemos el techo que le ha puesto a la capacidad exportadora, sobre todo del complejo sojero, pero del resto de los complejos de lo que se llama la cadena de valor granaria, fundamentalmente, yendo luego a la cadena cárnica y otras de las economías regionales”, señaló. La diputada resumió parte de esa revisión con otra definición: “Algunas de las cosas que más hemos aprendido [es] no enamorarnos de las herramientas del pasado”.
En materia tributaria sostuvo que el cambio no puede limitarse únicamente a los derechos de exportación. “Necesitamos modificar la matriz impositiva del agro en la Argentina con un consenso muy amplio con todos los gobernadores”, afirmó. Para Tolosa Paz, la eliminación de las retenciones debe formar parte de un acuerdo fiscal más amplio que contemple el impacto sobre los recursos de la Nación y de las provincias. “Nosotros no podemos como país quitar las retenciones sin ese acuerdo básico”, agregó.
La diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia (Provincias Unidas), sostuvo que las retenciones son perjudiciales para la producción y reclamó que su reducción hasta llegar a cero quede establecida por una ley del Congreso para evitar que un futuro gobierno pueda volver a elevarlas de manera discrecional. “Yo quiero que se bajen por el Congreso, porque ¿sabés qué?, tengo miedo que venga otro presidente y diga las retenciones vuelven a subir. Y ese miedo se lo tenemos que sacar al campo y la única forma es con una ley”, expresó.
Scaglia señaló, además, que comprende que los derechos de exportación no puedan eliminarse inmediatamente por la situación fiscal, pero insistió en la necesidad de fijar una hoja de ruta. Su espacio impulsa una propuesta de reducción del 25% anual durante cuatro años hasta llegar a cero. Para la legisladora, hacerlo mediante una norma permitiría que quien produce e invierte conozca de antemano las condiciones que tendrá en los próximos años.
También reclamó mayores incentivos a la inversión agropecuaria y planteó la necesidad de un “RIGI para el agro”. “Acá estamos para hablar del agro, hay que incentivar y hay que impulsar un RIGI al agro. En serio”, sostuvo Scaglia.
