El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella anunció este martes la firma de un decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el país.
La medida, según sostuvo el mandatario, busca modificar el esquema vigente para los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales, pero sin eliminar los controles establecidos por las autoridades.
A través de su cuenta de X, De la Espriella señaló que durante años la política de restricciones afectó a quienes respetan la ley mientras que los grupos criminales continuaron armándose de manera ilegal. “Eso tiene que cambiar”, afirmó.
En un video adjunto al posteo, el jefe de Estado colombiano afirmó que esa situación generaba un escenario desigual entre los “ciudadanos de bien” y quienes actúan fuera de la ley.
“No hay derecho de que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas ilegales”, justificó.
Y aclaró que la disposición gubernamental no elimina los controles para acceder a un permiso de porte: “Por supuesto los requisitos para portar armas siguen siendo muy estrictos. Las personas tienen que reunir ciertas condiciones físicas, psíquicas y emocionales y no tener antecedentes”.
Asimismo, dijo que la medida busca “devolverle al ciudadano de bien la posibilidad de defenderse”.
El argumento central del Gobierno se apoyó en cifras de incautaciones realizadas por la Fuerza Pública. El mandatario informó que, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, fueron decomisadas 15.700 armas de fuego en distintos procedimientos.
De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos. Además, aseguró que 980 armas aparecen vinculadas a estructuras disidentes, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De la Espriella también hizo referencia al tipo de armamento detectado durante los operativos. Según detalló, entre las armas asociadas a las disidencias fueron encontrados 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, expresó. En esa línea, el presidente colombiano concluyó que “la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”.
