La caída de la actividad en la industria manufacturera comenzó a trasladarse con mayor intensidad a las finanzas de las empresas. Casi la mitad de las firmas reportó dificultades para cumplir íntegramente con al menos uno de sus compromisos habituales y creció la proporción que debió recurrir al endeudamiento de corto plazo para sostener sus operaciones, en un escenario marcado por la caída de las ventas en el mercado local y la retracción de la producción. Los impuestos y los proveedores aparecen como los primeros eslabones afectados de la cadena de pagos.
Al deterioro del mercado interno, los industriales sumaron otra preocupación: la competencia desleal y el contrabando. Seis de cada diez empresas consideraron que tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad. La mitad de las firmas relevadas dijo detectar productos de origen externo comercializados a precios “artificialmente bajos”, mientras que también señalaron incumplimientos de certificaciones obligatorias, falta de trazabilidad y operaciones sin factura.
Los datos surgen de la tercera encuesta trimestral de 2026 del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), realizada entre más de 600 empresas. El relevamiento mostró un nuevo deterioro de la actividad en julio y, particularmente, del mercado interno: el 49,7% de las compañías registró una caída de sus ventas locales y apenas el 16,2% logró aumentarlas. En producción, el 42,9% informó una baja respecto del promedio mensual del trimestre anterior y solo el 20,9% una mejora.
La situación fue todavía más adversa entre las empresas de menor tamaño: entre las micro y pequeñas, el 54,8% redujo sus ventas y el 47,8% bajó la producción. La caída de la demanda interna fue, además, señalada como el principal problema por el 48,6% de las compañías, seguida por el aumento de los costos, con 24,2%. Dentro de este último grupo, ganaron peso los costos energéticos, que por primera vez desplazaron a los insumos nacionales como la segunda mayor preocupación detrás de los laborales.
En total, el 47,6% no pudo afrontar íntegramente al menos uno de sus pagos habituales, frente al 44,9% de abril. Más significativo todavía, el 9,2% tuvo problemas para cumplir con todos ellos simultáneamente, frente al 6,1% del relevamiento anterior y un promedio histórico del 4%. Se trata del registro más alto de la serie. El 34,6% de las empresas tuvo dificultades para afrontar completamente sus compromisos tributarios y el 33,3%, para pagar a sus proveedores. Más atrás aparecen los compromisos financieros, con 25,6%; los servicios públicos, con 16,3%, y los salarios, con 12,7%.
La consecuencia fue una mayor necesidad de financiamiento: entre las empresas que tuvieron problemas para pagar, el 56,2% debió aumentar su endeudamiento o recurrir a fondos de corto plazo, mientras que el 53,2% enfrentó mayores intereses y costos financieros. Para la UIA, las cifras muestran que las restricciones de liquidez comenzaron a trasladarse al “financiamiento impositivo y comercial”.
El impacto de la competencia desleal tampoco fue homogéneo entre los sectores. El 88,2% de las empresas de metales comunes lo calificó como alto o muy alto, al igual que el 84,6% de las textiles y el 76,2% de las firmas de confecciones, cuero y calzado. Frente a este escenario, los industriales reclamaron principalmente fortalecer los controles aduaneros, señalado por el 33,2% de las empresas, además de reforzar la fiscalización de la facturación y la informalidad comercial (19,1%) e intensificar los controles sobre el comercio electrónico (15,1%).
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la entidad sintetizó ese cuadro. El índice cayó a 40,4 puntos, 3,1 puntos menos que en abril y 4,7 puntos por debajo de julio de 2025. Todos los sectores quedaron por debajo de los 50 puntos, el umbral que separa expansión de contracción. Según el CEU, desde mediados del año pasado la industria atraviesa un período de “estancamiento, con oscilaciones y sin poder recuperar los niveles de actividad de años anteriores”.
El informe se conoció pocos días después del Día de la Industria, cuando la UIA elevó el tono de sus reclamos al Gobierno. Su presidente, Martín Rappallini, sostuvo que la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación y reclamó construir “un puente” entre la economía que queda atrás y la economía competitiva que busca construir el Gobierno.
La entidad advirtió además por la pérdida de alrededor de 90.000 puestos de trabajo industriales desde agosto de 2023 y planteó medidas para sostener la actividad y atravesar la transición.
Ese mismo día, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti cuestionó con dureza al equipo económico y, en particular, al ministro de Economía, Luis Caputo. Horas después, durante una exposición en un encuentro organizado por la Fundación Libertad, Caputo respondió a los industriales: reconoció que el nuevo escenario afecta de manera diferente a los sectores, pero defendió el rumbo económico y la apertura comercial. “Me toca defender los intereses de 48 millones de argentinos, no de algunos empresarios”, afirmó.
La nueva encuesta muestra, además, que el deterioro comienza a afectar las decisiones hacia adelante. El 64,4% de las empresas opera por debajo del nivel de utilización de capacidad que considera óptimo y, entre ellas, ocho de cada diez no creen que podrán alcanzarlo durante los próximos doce meses. A su vez, cayó al 43% la proporción que considera que es un buen momento para invertir en maquinaria y equipo.
El empleo todavía muestra una resistencia mayor que las ventas y la producción: el 21,2% de las firmas redujo su dotación. Sin embargo, comenzaron a extenderse otros mecanismos de ajuste, como la reducción de turnos, aplicada por el 18,7% de las empresas, además de suspensiones y adelanto de vacaciones. Para los próximos doce meses, el 27,5% prevé reducir personal y solo el 16,9% espera incorporar trabajadores.
