La Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens y el recién reasumido Pablo Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de inteligencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en una causa que investigaba la recopilación de correos electrónicos de políticos, periodistas, dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad.
La denuncia fue de la extitular de la AFI en el peronismo Cristina Caamaño y ahora la Cámara confirmó el fallo de primera instancia del juez Marcelo Martinez de Giorgi, que incluía el sobreseimiento de Macri.
Este fallo se suma a los de la misma Sala I de la semana pasada, que sobreseyó a Macri por la toma del crédito con el FMI, y a Javier Milei y Luis “Toto” Caputo por su declaración jurada de bienes.
La Sala I se integró con Llorens y con Bertuzzi, que recibió un nuevo acuerdo del Senado y fue reconfirmado en el tribunal. Llegó con el nuevo camarista Pablo Yadarola, que integra otra sala y no votó en estos casos.
Además de Macri, Arribas y Majdalani, el sobreseimiento confirmado alcanzó a dos agentes de inteligencia cuya identidad se mantuvo reservada por su condición de personal de la AFI. El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada el 26 de mayo de 2020 por Caamaño, entonces interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández.
Según relató, un análisis de rutina sobre los soportes tecnológicos del organismo permitió hallar un disco rígido marca Western Digital en las dependencias de la agencia, con rastros de la conexión de varios pendrives utilizados para almacenar información de inteligencia sobre numerosas personas del ámbito político, periodístico y policial.
Los técnicos lograron recuperar información que había sido borrada de manera no segura, lo que permitió reconstruir una recolección de correos electrónicos privados, obtenida —según la denuncia— sin orden o autorización judicial.
El informe adjunto a la denuncia permitió identificar, mediante el sistema de credenciales, a los dos agentes que habrían accedido al contenido del disco, aunque no fue posible establecer con precisión en qué área de la agencia se había producido el acceso, dado que el personal involucrado rotaba entre distintas dependencias.
A esa denuncia se sumó, semanas más tarde, una segunda presentación, vinculada a la agrupación política Kolina: su denunciante afirmó haber tomado conocimiento, primero a través de una nota periodística que la incluía entre las víctimas del espionaje ilegal, y luego mediante un informe emitido en el programa “GPS” el 7 de junio de 2020, de que la AFI habría infiltrado a una agente encubierta dentro de esa agrupación. Sin embargo, ese segundo tramo del expediente no fue apelado por la querella.
El fallo consideró la imposibilidad de utilizar como prueba válida los discos rígidos sobre los que se había asentado la investigación. Los jueces respaldaron el análisis del juzgado de primera instancia, al afirmar que los discos no contaban con una cadena de custodia acreditada.
Los magistrados dijeron que uno llegó cerrado y precintado, pero sin documentación ni registro de trazabilidad y el otro no tenía una planilla que diera cuenta de su preservación. Tampoco se documentó el lugar exacto en el que fueron hallados lo que, según el fallo, impide establecer con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado.
El peritaje oficial concluyó que resultaba técnicamente posible modificar el contenido de un disco rígido, las fechas de creación, acceso o modificación de sus archivos, sin dejar rastro, y que la marca temporal de los archivos puede alterarse con cambiar el horario del equipo utilizado.
En ese sentido, los expertos determinaron que los correos electrónicos hallados no habían sido recibidos por la vía natural que prevé el programa Outlook, sino que fueron incorporados manualmente a los archivos de la casilla, y que el acceso al sistema se había realizado mediante un usuario genérico llamado “User”, lo que impidió identificar qué personas físicas operaron efectivamente los equipos.
El fallo desestimó el argumento de la querella según el cual la extracción del material había cumplido con los protocolos. Los jueces concluyeron que “excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, la imputación queda desprovista de sustento”.
Con esta resolución, que confirma en su totalidad la decisión de primera instancia, la causa por la recolección de correos electrónicos mediante los discos hallados en la AFI quedó cerrada para Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los beneficiados por el sobreseimiento.
