Ricardo Quintela gobierna La Rioja, una provincia que no puede pagar sus deudas y que acaba de volver a poner en circulación una moneda que solo se emite allí: los Chachos. Desde su feudo, el gobernador ha considerado oportuno advertir a quienes invierten en la Argentina que no se entusiasmen demasiado: si el peronismo regresa al poder, revisará lo hecho por el actual gobierno, nacionalizará lo que juzgue necesario nacionalizar y expropiará lo que considere necesario expropiar. La amenaza tiene la virtud involuntaria de condensar toda una concepción del poder.
Los Chachos merecen un instante de atención. Técnicamente, son “Bonos de Cancelación de Deuda” emitidos por la provincia; en rigor, son una cuasimoneda que ya había circulado en 2024 y que ahora vuelve para, según explica el propio gobierno, “atenuar” la pérdida del poder adquisitivo y reactivar el consumo. Quintela, con la impavidez que nace de la ignorancia de las leyes básicas de la economía, asegura que no provocan desequilibrio fiscal. Pero pocos días antes, sin embargo, su provincia había comunicado que no pagaría el próximo vencimiento de su deuda y que continuaría en default. Los Chachos regresan así a una provincia sumida en el incumplimiento de sus obligaciones.
La coincidencia es instructiva. Una administración que no consigue honrar sus obligaciones financieras imprime papeles para sostener el consumo de quienes dependen en buena medida de ella y, desde esa posición, anuncia a quienes arriesgan capital propio en el resto del país que un futuro gobierno decidirá cuáles de sus inversiones merecerán seguir perteneciéndoles. No es fácil imaginar una propaganda más eficaz contra la inversión.
Pero acaso lo más significativo de las declaraciones de Quintela no sea su efecto económico. Es la concepción moral que revelan; la palmaria necedad que evidencian y el profundo desprecio por la ley que exponen ante la República.
Pocas cosas resultan políticamente tan cómodas como ejercer la generosidad a costa de terceros. Se puede prometer lo que otros deberán financiar, distribuir lo que otros produjeron y, llegado el caso, disponer por ley de lo que otros poseen.
Una reciente investigación periodística publicada en este diario recordó distintas expropiaciones realizadas durante las administraciones de Quintela. En el caso de terrenos pertenecientes al Golf Club La Rioja, la provincia tomó posesión de ellos y el afectado debió promover una acción de expropiación inversa para obtener aquello que la Constitución considera una condición elemental de la expropiación: la indemnización. El mismo artículo examinó otros antecedentes de tierras expropiadas desaprensivamente por la provincia.
Hay algo particularmente grave en la advertencia de Quintela. No anunció la eventual expropiación de un bien determinado por una necesidad pública precisa. Anunció una revisión futura de inversiones presentes. Todo eso tiene otro nombre: inseguridad jurídica.
El inversor podrá equivocarse acerca de un mercado, de un producto o de un competidor. Son los riesgos naturales de quien invierte. Lo que ningún país sensato puede pedirle es que incorpore a sus cálculos la posibilidad de que, cuatro años después, un nuevo gobernante decida “revisar absolutamente todo”.
La Argentina –aunque no Quintela– conoce demasiado bien el precio de esas aventuras.
Pero La Rioja permite observar además su consecuencia política. Cuando el empleo privado es débil, el Estado se convierte progresivamente en empleador, contratista, proveedor de asistencia y, finalmente, hasta en emisor del instrumento con el cual procura mantener el consumo. El ciudadano deja entonces de encontrarse frente al poder únicamente como ciudadano: puede ser también empleado, contratista, beneficiario o acreedor de ese mismo poder. La dependencia económica corre el riesgo de transformarse así en dependencia política.
Una imagen de la campaña electoral riojana de 2023 resume mejor que muchas estadísticas esa degradación. Quintela repartía billetes de mil pesos desde la ventanilla de una camioneta mientras sus conciudadanos se acercaban para recibirlos. La escena fue registrada entonces y recordada posteriormente por la prensa. No hace falta atribuirle a esa imagen una intención que no podamos demostrar. Basta contemplarla.
Los recursos públicos no pertenecen al gobernante que circunstancialmente los administra. Un empleo estatal no es una merced. La asistencia social no es una dádiva personal. Y la propiedad de quienes trabajan, ahorran o invierten tampoco integra una reserva disponible para que el próximo gobierno sobreactúe su sensibilidad social.
El populismo borra deliberadamente esas fronteras. Confunde al Estado con quien lo gobierna, el derecho con el favor y la solidaridad con la distribución de recursos que pertenecen a otros.
Semejante perverso mecanismo puede prolongarse durante mucho tiempo. La escasez engendra dependencia; la dependencia concentra poder; el poder distribuye beneficios y favores; y quienes dependen de ellos tienen cada vez menos posibilidades de escapar de la economía que los hizo dependientes. Lo que se presenta como protección termina convirtiéndose en una forma de perpetuar aquello que pretendía remediar.
Ese es quizás el aspecto más triste del modelo de Quintela. La pobreza deja de ser solamente un problema que el gobierno debe resolver. Se convierte, poco a poco, en el ambiente en el cual el poder mejor se desenvuelve y en una herramienta para manipular a la sociedad. Hasta que un día ya no queda riqueza por repartir. Entonces sólo quedan los Chachos.
