El Gobierno prepara sanciones más severas para las empresas que colaboren con la exploración petrolera en la zona de las Islas Malvinas, a través de una modificación de la ley 26.659, sancionada en 2011.
Los cambios buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para las empresas, algunas de las cuales ya fueron denunciadas previamente y siguieron operando en la zona sin consecuencias.
Las modificaciones también apuntan a las compañías que sean sus proveedoras e inversores.
La ley, que en adelante podría llegar a tener mayores alcances, fue sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011. Corría por entonces el primer mandato de Cristina Kirchner y se la conoció como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien la impulsó.
Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.
En 2022 se impulsó una sanción contra la petrolera israelí Navitas Petroleum, una de las que opera en el proyecto Sea Lion. En ese momento, la Cancillería argentina emitió un repudio hacia las “operaciones ilegales” llevadas a cabo por la petrolera y la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina, calificándolas como clandestinas. Como resultado, la empresa fue inhabilitada por un periodo de 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino. Sin embargo, siguió operando sin inconvenientes.
En 2021 hubo sanciones contra Chrysaor Holding Limited y Harbour Energy Plc, ambas con sede en Reino Unido, y en 2013 contra Rockhopper, otra de las empresas involucradas en Sea Lion.
En 2015, además, el gobierno de Cristina Kirchner fue ante la Justicia Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, para judicializar las sanciones contra las compañías.
Hasta ahora no hubo resultados concretos ni se logró desalentar las inversiones.
Para el Gobierno libertario, la principal diferencia entre esos antecedentes y lo que puede llegar a venir responderá a los cambios a la ley. Allí quieren puntualizar también las eventuales sanciones para las proveedoras de las compañías y sus inversores.
“Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, detalló el Presidente el jueves en la cadena nacional.
Para luego agregar: “Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”.
El detalle de los cambios a la ley está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal, y de la Cancillería, en cabeza de Pablo Quirno, según precisaron las mismas fuentes.
Quirno brindó más detalles este viernes en diálogo con Radio Mitre y explicó que las firmas relacionadas con el proyecto Sea Lion podrían quedar incluso imposibilitadas de operar en Vaca Muerta.
El titular del Palacio San Martín también mencionó que el Gobierno reglamentó la Ley 26.659 para agilizar los procedimientos sancionatorios y que los proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incumplen ni incumplirán esa normativa.
El tema de la letra que se enviará al Parlamento se espera que sea abordado la próxima semana, en reunión de Gabinete o mesa política, según detallaron desde el Palacio de Gobierno.
“Endurecimiento de las penas e imposibilidad de que operen acá”, dijeron fuentes al tanto de los detalles finos del tema para explicar lo que creen que puede ser la principal diferencia respecto de lo que ya sucedió. Eso, creen, tanto en el caso de las proveedoras, así como las posibles empresas vinculadas a los grupos inversores que participan de las empresas involucradas.
“Las empresas abrieron un 10% a la baja en sus acciones, más allá de lo que digan”, mencionó una de las voces consultadas. “Son efectos concretos y muestran que lo que se dijo y anticipó tiene peso específico”, agregaban en las horas posteriores al anuncio.
En el Gobierno confían por estas horas en la “presión internacional” para apuntalar la medida.
