La citación a indagatoria de quienes en plena pandemia recibieron vacunas contra el coronavirus como producto de la arbitrariedad del gobierno de Alberto Fernández, quien privilegió la inoculación a parientes, amigos y allegados del poder, constituye un paso necesario, aunque resulta lamentable que hayamos tenido que esperar tanto tiempo para que se comenzara a hacer justicia.
Aquello no fue simplemente una irregularidad administrativa; fue un acto vil. Mientras decenas de funcionarios y sus parientes se beneficiaban con las primeras vacunas, la población en general padecía la falta de respuestas, decenas de miles de personas enfermaron gravemente y murieron ante la desidia gubernamental.
Cuando las vacunas eran escasas, cuando los trabajadores de la salud enfrentaban el virus en la primera línea de un arduo combate y cuando miles de personas mayores y enfermas esperaban desesperadamente su turno, hubo quienes encontraron un nefasto atajo salvador.
La Justicia deberá determinar ahora las responsabilidades penales, pero además hay una responsabilidad política, moral y ética que el gobierno de Alberto Fernández cobarde y deliberadamente evadió asumir.
La lista de citados a declarar es apenas un ejemplo del pésimo manejo de la emergencia sanitaria y del desprecio hacia la población en general. Deberán presentarse ante la Justicia dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros “elegidos” por el poder. La larga lista incluye a Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, Seza Manukian, Horacio Verbitsky; Lourdes Noya, Matilde Noya, Dolores Noya, Félix Eulogio Guille, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, María Eva Duhalde, Juliana Duhalde, Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango, Marcelo Jorge Duhalde, Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua, Esteban Collazo, Hugo Curto, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor Devoto. Según la investigación, todos ellos recibieron dosis de Sputnik V por fuera de los criterios sanitarios establecidos.
Resulta inaceptable la intención de reducir aquel episodio a una suerte de privilegio menor, una picardía de funcionarios y allegados o una simple muestra de viveza criolla. En una emergencia sanitaria, haber alterado arbitrariamente el orden de vacunación significó desplazar a otros que tenían una prioridad legítima. Fue un crimen contra millones de argentinos esperando salvar sus vidas. Algunos eran ancianos, otros padecían enfermedades que los colocaban entre los más vulnerables y muchos eran médicos, enfermeros y trabajadores esenciales que se exponían diariamente al contagio.
El oscurantismo y la necedad con que se administró aquel sistema paralelo respondió a un decidido acto de corrupción sobre el que la Justicia debe ahora pronunciarse.
La responsabilidad política de Alberto Fernández y de algunos funcionarios de su gobierno no puede separarse de la forma de concebir al Estado como una estructura al servicio de unos pocos privilegiados, en lugar de destinada a tratar a todos los ciudadanos por igual. Del mismo modo, ha sido más que cuestionable la decisión política de privilegiar las vacunas rusas por sobre las que podían haber venido antes provenientes de Estados Unidos, provocando una imperdonable pérdida de tiempo para atender debidamente la urgencia sanitaria.
Resulta difícil imaginar una demostración más descarnada de insensibilidad que esta que llevó a aprovechar una catástrofe sanitaria para obtener una ventaja política.
La causa debe avanzar con celeridad y sin privilegios. Ya es hora de que se determine cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la responsabilidad concreta de quienes decidieron aprovecharse del Covid-19 para favorecer a los amigos.
Ninguna sociedad puede tolerar que, frente a una tragedia colectiva, algunos crean que su cercanía al poder les concede derechos por encima de los del resto.
El denominado Vacunatorio VIP quedó como una de las expresiones más miserables de la cultura del privilegio. La investigación judicial tiene ahora la obligación de cerrar ese capítulo con verdad, responsabilidad y justicia. La memoria de quienes murieron y de quienes esperaron su vacuna mientras otros se salteaban la fila exige que así sea.
