El Gobierno confirmó este viernes el inicio de un proceso sancionatorio para 45 “sujetos” por operaciones “no autorizadas” en territorio argentino.
Según un comunicado de la Oficina del Presidente, el procedimiento sancionatorio se llevará a cabo “no solo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”, indicó el Gobierno.
El Poder Ejecutivo sostuvo que “esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por la Nación”.
Y “es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”.
“Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historiay por derecho le pertenece”, enfatizó el Poder Ejecutivo, en un comunicado firmado por el presidente Javier Milei.
La política de soberanía
Milei anunció el jueves último por cadena nacional el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago, el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional y la puesta en marcha de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, remarcó el mandatario.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno detalló este viernes en el encuentro de IAEF que un universo de 180 empresas fueron anoticiadas la semana pasada de esta política, que incluyen no solamente a las petroleras que exploran off shore en Malvinas sino también a sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y otros.
También adelantó que incluirán una cláusula en el RIGI para aclarar a las empresas que, para adherir al régimen de incentivos, deberán comprometerse a no realizar acciones en Malvinas.
“Hemos incluido en el decreto reglamentario una Declaración Jurada de aspirantes a beneficios del RIGI que digan ellos que no estan en violación de la Ley 26.659 y la que modificará próximamente el Congreso”, precisó.
