Equipos técnicos de la Anses y el Banco Central (BCRA) trabajan contrarreloj para dar forma al convenio que deben firmar para poner en marcha el esquema de licitaciones que permitirá instrumentar el plan que apunta a que hasta $2 billones, hoy bajo tutela del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), se conviertan en breve en plazos fijos que permitan a los bancos ampliar la oferta de créditos hipotecarios.
Dicho contrato permitirá al ente monetario poner en marcha las subastas por cuenta y orden del FGS y lanzar una comunicación operativa en la que explicará a las entidades financieras interesadas en participar las pautas procesales del mecanismo.
Se trata de uno de los planes —como la ampliación del acceso al crédito en dólares a empresas que no facturan en esa moneda— con los que el Gobierno busca apuntalar la actividad económica de cara al año electoral.
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause, y el director general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, anunciaron este miércoles el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario
La medida, anunciada hace una semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el director general del FGS, Juan Cruz Micele, y el vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause, se basa en la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread, con los que los bancos deberán fondear nuevos créditos hipotecarios para personas destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
“Básicamente el BCRA va a elaborar un régimen informativo y a supervisar con cada una de las entidades que participan de las licitaciones que efectivamente otorguen créditos hipotecarios con las condiciones que establece el FGS en su programa por los montos que recibieron de plazo fijo”, ya había explicado ese día Romero Krause.
El monto total del programa, como se mencionó, asciende a $2 billones, pero ese total se irá adjudicando a través de licitaciones de $200.000 millones cada una. Los plazos y las tasas mínimas serán dos: uno a un año, con índice UVA —que garantiza la actualización del capital— más un spread mínimo de 2,50%, y otro a cinco años, con UVA más un spread mínimo de 4,50%.
A su vez, de acuerdo con lo anunciado, cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20% del monto total de cada licitación y contará con 90 días corridos para aplicar los fondos desde la constitución del depósito.
“Se está trabajando en eso. Hay apuro, así que la fecha del convenio y la convocatoria a licitación saldrán en las próximas horas. Pero la subasta en sí sería a comienzos de la semana que viene”, explicaron hoy a LA NACION fuentes oficiales. El programa contemplará reglas para los préstamos que los bancos otorguen con esos fondos.
Por caso, la tasa que podrán cobrar a quienes soliciten esos créditos tendrá un techo de UVA más 7,50%, a la vez que habrá un plazo mínimo de 15 años (no hay máximo). Cada préstamo hipotecario no podrá superar el equivalente a 150.000 UVA, cifra cercana a los US$200.000 al tipo de cambio actual.
La cuota para acceder a uno de estos créditos, según un ejemplo concreto que divulgó el Ministerio de Economía, parte de $865.098 para un crédito equivalente a US$80.000, destinado a financiar una propiedad valuada en US$106.667.
La compra se cubre en un 75% con ese financiamiento, pactado a UVA más 7% y a pagar en 25 años. El cálculo oficial, que no incluye otros gastos de la operación, como los de escritura o trámites bancarios, aclara que el ingreso familiar necesario para acceder al crédito, con una relación entre cuota e ingreso del 25%, debería ser de $3.460.391 mensuales para el grupo familiar.
