El Senado aprobó recientemente 67 nuevos pliegos judiciales. Que comiencen a cubrirse vacantes que durante años afectaron el funcionamiento de la Justicia es, sin dudas, una buena noticia. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿estamos eligiendo a los mejores?
Porque cubrir cargos es necesario. Pero garantizar que quienes lleguen a ellos lo hagan por mérito, idoneidad y trayectoria es indispensable.
No se trata solamente de cuántas vacantes logramos cubrir, sino de cómo elegimos a quienes van a ocupar esos lugares durante décadas y tomar decisiones que afectan la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas, que pueden definir el futuro de un trabajador, de un jubilado o de una familia e, incluso, impactar en la vida institucional y económica del país. Por eso, el estándar para elegir a nuestros jueces debe ser especialmente alto.
Necesitamos concursos exigentes, criterios objetivos, evaluaciones transparentes y órdenes de mérito que realmente tengan valor. La selección de jueces no puede convertirse en una mera negociación de nombres ni quedar condicionada por afinidades políticas.
¿Y cómo hacemos para que esto no sea solamente una declaración de principios? Hay que mejorar las reglas.
En esa línea, resulta especialmente relevante la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, que introduce cambios sustanciales y positivos en el sistema de selección de magistrados. Entre ellos, limita el peso de la entrevista personal, que actualmente cuenta con un amplio margen de subjetividad, al establecerle un puntaje específico dentro de la evaluación. Además, fortalece el anonimato y la objetividad de los exámenes mediante una etapa general automatizada, con un banco público de preguntas y corrección informática. También incorpora concursos anticipados, plazos más ágiles y una mayor valoración de la excelencia académica por sobre el mero “tránsito burocrático”.
Son modificaciones que traen más objetividad, más transparencia, mayor celeridad y menos espacio para la discrecionalidad en la selección de quienes tendrán la enorme responsabilidad de administrar justicia.
Sin embargo, esta propuesta de la Corte, que contiene herramientas concretas y positivas para mejorar el sistema de selección de jueces, aún no ha sido aprobada por el Consejo de la Magistratura. Resulta difícil comprender por qué una iniciativa de estas características no ocupa un lugar central en la agenda del órgano encargado de intervenir en la selección.
Por eso también es importante tener bajo la lupa al Consejo de la Magistratura. No para cuestionar su existencia, que fue incorporada en la reforma de la Constitución en 1994, sino para exigir que funcione con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas.
El Consejo no puede ser un organismo lejano, conocido solamente por quienes transitamos el mundo judicial. Tiene que salir a la luz, y ser conocido por toda la sociedad. Debemos hacer docencia todos los días: explicar qué hace el Consejo, cómo se seleccionan los magistrados y por qué sus decisiones importan. Porque sus consecuencias nunca son abstractas.
Detrás de cada expediente hay una persona esperando. Un jubilado que necesita que llegue su sentencia. Un trabajador que espera una indemnización para poder seguir adelante. Una familia que necesita una respuesta para pagar sus deudas. Una madre que reclama por los derechos de sus hijos. Detrás de cada una de esas carpetas, hay un juez que decide. Y sus decisiones -o sus demoras- impactan directamente en la vida de las personas.
La Argentina necesita una Justicia completa, pero sobre todo necesita una Justicia en la que los ciudadanos puedan volver a confiar.
Y esa confianza empieza mucho antes de una sentencia. Empieza en la forma en que elegimos a nuestros jueces. Porque no alcanza con tener más jueces. Necesitamos asegurarnos de tener a los mejores.
Coordinadora General de Abogados en Acción. Consejera del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF)
