La empresa de tecnología Meta enfrenta miles de demandas en los Estados Unidos, acusada de generar adicción en las plataformas de Instagram y Facebook a sabiendas del daño que causaban entre niños y adolescentes. El 18 del corriente mes, en Oakland, California, se inició la primera etapa del litigio promovido en 2023 por 29 estados. En esta fase actuaron California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que la acusaron de violar leyes de privacidad infantil al recopilar información de menores de 13 años sin consentimiento parental verificable, además de infringir normas estatales de protección al consumidor.
Un ejército de 29 fiscales de estado actúan en este litigio multidistrital contra la compañía, con reclamos que llegaron a proyectar un potencial impacto económico financiero de hasta 1,4 billones de dólares. Anteayer se supo que Meta alcanzó un acuerdo con una coalición bipartidista de 51 fiscales generales, sujeto a aprobación judicial, por el que pagará hasta 17.100 millones de dólares a los estados durante diez años.
Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook devenido denunciante, testificó que el gigante tecnológico priorizó la rapidez en el lanzamiento de nuevos productos por sobre la seguridad y planteó el caso de su propia hija como víctima.
La fiscal general adjunta de California Megan O’Neill sostuvo que el modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público. Meta rechazó las acusaciones y sostuvo que el caso tergiversaba las políticas de la compañía y no demostraba ningún daño real. El acuerdo no implica admisión de responsabilidad ni de conducta ilícita. La fiscal denunció también que Meta investigó las vulnerabilidades presentando un estudio titulado “Los jóvenes son los mejores”, reforzando así el interés por atraer a este grupo de edad.
Las empresas tecnológicas recopilan datos personales cuando se aceptan los términos de uso y luego van construyendo los llamados datos inferidos a partir del comportamiento del usuario en la red. Esta recopilación, cuando corresponde a menores de 13 años y se realiza sin consentimiento parental verificable, viola la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.
Este año la empresa acusada de negligencia, que ya enfrenta un millonario descenso en sus ganancias, perdió dos juicios cuyas decisiones impugnó. En uno de ellos, un jurado otorgó 6 millones de dólares a una joven de Los Ángeles que demostró haberse vuelto adicta a las redes en su infancia, de los cuales Meta debe afrontar el 70%. En el otro, la justicia de Nuevo México le impuso 375 millones de dólares en sanciones y otros 567 millones para un fondo de reparación y medidas de protección de los jóvenes, por un total de 942 millones de dólares.
Las funciones introducidas por las cuestionadas plataformas para proteger a los menores desde 2024, tales como mensajería y contenido restringido, además de controles parentales y filtros de IA para determinar si un menor miente sobre su edad, no satisficieron los reclamos. El acuerdo ahora prevé, entre otras medidas, un límite diario predeterminado de dos horas para menores de 18 años, bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6, suspensión de notificaciones durante la noche y el horario escolar, mejores controles de edad y supervisión parental, y una auditoría independiente.
El acuerdo interrumpió el juicio de California antes de que declararan altos ejecutivos de Meta, entre ellos Mark Zuckerberg. La responsabilidad de la empresa es indudable, aunque correspondería también corresponsabilizar a los padres en el cuidado de los menores, entre otras cuestiones que globalmente impactan con fuerza sobre la salud mental de sus hijos.
El acuerdo introduce cambios concretos y de alcance relevante, aunque resulta difícil pensar que implique una modificación de fondo del modelo de negocio planteado, asimilable con la situación que atravesaron las tabacaleras por la cantidad de litigios. Podrán fijarse nuevas regulaciones, controles y sanciones, pero una tabacalera no dejará de vender cigarrillos, analizan los expertos.
