El caso llegó a Tribunales a partir de la denuncia realizada por una adolescente de 15 años. La Justicia abrió una investigación contra el profesor, quien continuará en libertad bajo determinadas condiciones.

Una denuncia presentada por una estudiante de 15 años derivó en la apertura de una investigación penal contra un docente de la EPET N° 1 Rogelio Boero, en San Juan.

Durante la audiencia realizada este jueves, el juez de Garantías Javier Figuerola resolvió formalizar la investigación contra Roberto Martínez, acusado provisoriamente del delito de abuso sexual simple agravado por su condición de educador.

Según lo planteado por la Fiscalía, la adolescente denunció un episodio de carácter sexual que habría involucrado al docente. Por tratarse de una causa vinculada con la integridad sexual de una menor, buena parte de los detalles del expediente se mantienen bajo reserva.

La investigación quedó a cargo de la UFI ANIVI. En la audiencia, la ayudante fiscal Florencia Buteler presentó los elementos reunidos hasta el momento y solicitó que se habilite formalmente la etapa de investigación penal preparatoria.

Continuará en libertad, pero con restricciones

El Ministerio Público Fiscal no pidió prisión preventiva para el docente. Por ese motivo, el magistrado dispuso que Martínez permanezca en libertad mientras avanza el proceso judicial.

Sin embargo, la decisión fue acompañada por una serie de medidas destinadas a evitar cualquier contacto con la denunciante.

Entre las condiciones establecidas se encuentra una prohibición de acercamiento de 300 metros respecto de la adolescente. Además, debido a que ambos forman parte de una misma comunidad educativa, el profesor tampoco podrá concurrir a los mismos lugares de esparcimiento que la joven.

Estas restricciones tendrán una vigencia de seis meses.

La defensa del imputado estuvo a cargo de la abogada María Filomena Noriega.

La causa recién comienza

Con la formalización, la investigación entra en una nueva etapa. La Fiscalía deberá continuar reuniendo elementos, analizar las pruebas incorporadas al expediente y establecer las circunstancias en las que habría ocurrido el hecho denunciado.

Hasta el momento, la imputación constituye el inicio formal de una investigación y no implica una condena. Será el avance del proceso judicial el que determine las responsabilidades que pudieran corresponder.

La Justicia mantiene bajo reserva la identidad de la adolescente y otros aspectos sensibles del expediente, debido a que se trata de una presunta víctima menor de edad.