Las familias buscan garantizar la continuidad del ciclo lectivo ante las medidas de fuerza que vienen afectando el dictado de clases. El reclamo plantea la necesidad de compatibilizar el derecho a huelga con el acceso de los estudiantes a la educación.
Los padres de alumnos que asisten a los colegios preuniversitarios de San Juan decidieron avanzar por la vía judicial ante la preocupación por la interrupción de las actividades educativas. La representación legal de las familias quedó a cargo del abogado Mariano Domínguez, quien ya trabaja en el diseño de una presentación ante la Justicia Federal.
El planteo surge a partir de las medidas de fuerza que vienen impactando sobre el normal desarrollo de las clases y del temor de las familias a que la situación termine comprometiendo el cumplimiento del ciclo escolar. Desde el equipo jurídico sostienen que el conflicto debe analizarse teniendo en cuenta tanto los derechos de los trabajadores como los de los estudiantes.
En ese sentido, Domínguez explicó que existen dos derechos constitucionales en juego: por un lado, la posibilidad de los trabajadores de ejercer la protesta y la huelga y, por otro, el derecho de los alumnos a recibir educación. Para los padres, este último estaría siendo perjudicado por la continuidad de las interrupciones.
Uno de los puntos que forma parte del análisis legal es la normativa que considera a la educación como un servicio básico y establece un nivel mínimo de funcionamiento. Según explicó el abogado, la legislación contempla un piso del 75% de actividad, argumento que podría ser incorporado al reclamo que preparan las familias.
Además, el hecho de que los establecimientos preuniversitarios dependan de una universidad nacional determina que la eventual acción judicial deba tramitarse en el fuero federal. Por este motivo, el planteo no correspondería a los tribunales provinciales ni a la Defensoría del Pueblo de San Juan.
Entre las alternativas que estudian los abogados aparece la posibilidad de presentar un recurso de amparo, aunque todavía no está definida la herramienta judicial que finalmente utilizarán. También se analiza la vía contencioso-administrativa, decisión que dependerá de los antecedentes y de las actuaciones que ya se hayan producido en torno al conflicto.
Desde la representación de los padres remarcaron que los tiempos son un factor determinante, debido a que una prolongación de la interrupción de las clases podría generar consecuencias sobre el año académico. Por eso, anticiparon que buscarán avanzar con rapidez en la estrategia judicial.
El abogado Mariano Domínguez trabaja además junto al doctor Saavedra en la representación de las familias y señaló que los padres serán informados sobre los pasos que se adopten. El objetivo central será que la Justicia Federal evalúe si la situación actual está afectando el derecho de los estudiantes a continuar con su formación educativa.
