ALAJUELA, Costa Rica.– La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que ha puesto a la seguridad como una de las prioridades de su gobierno, avanza en la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada parcialmente en las políticas penitenciarias impulsadas por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.
Las obras del complejo penitenciario en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, muestran celdas, pasillos, áreas sanitarias y sistemas de seguridad aún en construcción, según imágenes difundidas por el Ministerio de Justicia en julio. El proyecto busca alojar a reclusos considerados de alta peligrosidad y cortar presuntas operaciones criminales dirigidas desde las cárceles.
Fernández, quien defendió la iniciativa desde la campaña electoral, afirmó tras ganar las elecciones que Costa Rica no debía seguir brindando “techo, comida y protección” a delincuentes que continúan operando bandas desde prisión. La mandataria añadió entonces que había conversado con Bukele, quien reiteró su disposición a colaborar con Costa Rica en materia de seguridad y en el desarrollo del proyecto penitenciario.
Durante el inicio de las obras en enero, al que asistió Bukele, el mandatario salvadoreño sostuvo que Costa Rica tenía la oportunidad de enfrentar el problema antes de que alcanzara niveles como los observados en El Salvador años atrás. Fernández reiteró el 19 de agosto, al cumplir 100 días de gobierno, que la seguridad nacional continuaba siendo la principal preocupación de los costarricenses y que su administración ha dado máxima prioridad al tema.
La cárcel, cuya construcción está al 89%, tendrá capacidad para 5000 internos, el 25% de la población carcelaria de Costa Rica.
Sin embargo, la estrategia ha generado críticas de especialistas en derechos humanos. El analista Marco Feoli afirmó que la política está inspirada en la “espectacularidad” del modelo salvadoreño y argumentó que Costa Rica enfrenta una realidad distinta, sin la fuerte presencia de las peligrosas Maras.
También cuestionó la exposición pública de algunos detenidos durante operativos recientes, al considerar que esas prácticas pueden resultar humillantes y carecer de un propósito legítimo de seguridad.
Entre la ciudadanía, las opiniones están divididas. Algunos residentes consultados por Reuters respaldaron las medidas más estrictas contra el crimen, argumentando que la delincuencia ha afectado la tranquilidad del país, mientras que otros expresaron dudas sobre la eficacia de una política centrada en endurecer el sistema penitenciario para reducir la criminalidad.
Inspirada en Bukele
De 39 años, Fernández –quien obtuvo más del 48% de los votos en las elecciones que la llevaron a la presidencia– es la heredera política del exmandatario Rodrigo Chaves, también admirador de Bukele y acusado por la oposición de llevar a Costa Rica por la senda del autoritarismo.
La politóloga ganó los comicios con un programa que incluía reformas radicales al sistema judicial y de las leyes de seguridad para enfrentar la violencia del narcotráfico que se ha extendido en el país. La presidenta aspira a sustituir así el modelo de país que surgió de la guerra civil de 1948, que abolió el Ejercito y sentó las bases del Estado de bienestar por el que es reconocido Costa Rica.
Durante los cuatro años de mandato de Chaves, la tasa de homicidios alcanzó niveles récord. Entre las causas citadas por expertos en narcotráfico y autoridades estadounidenses se encuentra el hecho de que el país caribeño se ha convertido en un centro estratégico para el envío de cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos y Europa.
Opositores y analistas consideran que el proyecto de Fernández apunta a una hegemonía similar a la del presidente salvadoreño, quien acumuló un poder cuasi absoluto e instauró la reelección indefinida a partir de su éxito en la guerra contra las pandillas, que según denunciaron varias ONG especializadas condujo a graves violaciones de derechos humanos.
Agencia AFP, ANSA y Reuters
