¡Agárrense de las rejas, señoras y señores! En la hermosa provincia de Chubut, los presos decidieron que ya era suficiente de comer menús tristes y se armó la podrida, la protesta. ¿El resultado? Un juez con mucha calle (o más bien, con mucha hambre de justicia) decidió que el Estado tiene que poner bifes en la mesa.
Los internos del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) y la Alcaidía de Trelew dijeron basta a la dieta fitness obligatoria. Querían proteínas, querían carne, querían morder algo que no viniera en formato de misterio triturado.
El juez Marcelo Nieto Di Biase se puso la servilleta al cuello, inspeccionó una vianda que parecía «carne rallada» de dudosa procedencia y dictó sentencia: ¡72 horas para comprar carne roja de verdad!
El magistrado reconoció que esto puede caerle como patada al hígado a más de uno afuera, que anda haciendo malabares con el sueldo para llegar a fin de mes, pero aclaró que el Estado es el encargado de cuidar el menú de sus «invitados» por la fuerza.
Desde el Ejecutivo salieron a decir: «¡Ey, tranki, si ya la estábamos comprando!», mientras el subsecretario de Justicia transpiraba más que un asador en enero intentando apurar los papeles.
«Puede ser odioso a los ojos de una sociedad… pero los detenidos están bajo responsabilidad del Estado». — Dijo el juez, dejando claro que nadie le quita el asado dominical a los muchachos (aunque sea financiado por el contribuyente).
¿Se vendrá el delivery de chinchulines al calabozo o terminarán haciendo una vaquita? ¡Continuará en el próximo capítulo de este culebrón patagónico! ¿Te imaginas al juez haciendo de catador oficial de achuras en la comisaría?
