Mientras el Gobierno prepara la próxima sesión en Diputados, la oposición comienza a reagruparse para instalar en el Congreso dos temas sensibles para la administración libertaria: el creciente endeudamiento de las familias y la posibilidad de extender por un año la emergencia en discapacidad.
El peronismo de Unión por la Patria (UP), un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bloques provinciales, entre ellos los misioneros, los salteños, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández, miden sus próximos pasos. En conjunto reúnen alrededor de 122 voluntades: a siete de las 129 necesarias para abrir una sesión e imponer su propio temario.
La estrategia tiene dos etapas. Primero, evalúan pedir una ampliación del temario durante la sesión de este miércoles, aun a sabiendas de que no prosperará. Para hacerlo necesitan el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy inalcanzable. Pero la votación les servirá para medir fuerzas, identificar posibles aliados y saber exactamente cuántos votos les faltan.
En paralelo, buscarán seducir a los indecisos, sobre todo entre los diputados que responden a gobernadores que en las últimas semanas endurecieron su posición frente a la Casa Rosada. Allí aparecen, entre otros, tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan alrededor de media docena de votos.
Con ese mapa más claro, la oposición pretende avanzar luego con un pedido de sesión especial centrado en discapacidad y endeudamiento.
Son dos cuestiones particularmente sensibles para Javier Milei. Una de ellas es el incremento de la morosidad, un fenómeno que tanto el Presidente como integrantes de su equipo económico rechazaron atribuir a la política del Gobierno.
“No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando con la morosidad”, dijo Milei durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario. Antes había enfatizado: “Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”. El Presidente reforzó este concepto hoy en la reunión de Gabinete: negó que los indicadores reflejen una situación de crisis y dijo que el incremento de la mora ya comenzó a revertirse.
A la oposición le fastidian estos comentarios, sobre todo porque esta semana el oficialismo buscará darle media sanción a la ley de Inocencia Fiscal II, que permitirá a más contribuyentes regularizar dinero negro sin penalidades. Subrayan el contraste: el Gobierno ofrece facilidades a quienes evaden, pero responsabiliza a las familias por haberse endeudado.
Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a partir de datos del Banco Central correspondientes a junio, la irregularidad de las familias alcanzó el 15,5% al considerar en conjunto las deudas con bancos y proveedores no financieros de crédito, entre ellos las billeteras virtuales.
El informe contabilizó 20,96 millones de personas endeudadas en todo el sistema, de las cuales 5,91 millones registraban atrasos en los pagos. De ese universo, 2,90 millones eran morosos exclusivamente con proveedores no financieros, 1,66 millones solo con bancos y otros 1,36 millones acumulaban deudas irregulares en ambos canales.
La tendencia se profundizó desde febrero de 2024: desde entonces, el sistema incorporó 2,6 millones de nuevos deudores morosos.
En ese contexto, en Diputados proliferaron los proyectos para intentar contener el problema. Las iniciativas van desde límites a los intereses y punitorios que cobran las entidades crediticias hasta regímenes especiales para reestructurar deudas y propuestas para declarar una emergencia social y fijar topes a las tasas. Hay proyectos de referentes de buena parte del arco opositor.
La discapacidad, el otro frente
La emergencia en discapacidad, en tanto, estuvo atravesada desde su sanción por tensiones políticas y judiciales. Pese a su resistencia inicial, el Gobierno terminó por reglamentarla en febrero de este año después de una intimación de la Justicia Federal. Organizaciones, familias y prestadores, sin embargo, denuncian demoras persistentes, recortes y problemas en la ejecución de los recursos destinados al sector.
La ley 27.793 establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero habilita una prórroga por un año. Ese es justamente el objetivo del proyecto presentado por Juan Marino (UP), que reunió firmas de casi todo el arco opositor.
Entre los firmantes aparecen incluso referentes misioneros y salteños que este miércoles, media hora antes de la sesión, presentarán formalmente su nuevo bloque con la presencia de los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones. Con un nuevo nombre y bajo la conducción del misionero Oscar Herrera Ahuad, buscan inaugurar una lógica de negociación “ley por ley” con el Gobierno y a cambio de beneficios concretos para sus provincias.
Los impulsores de la prórroga presentarán, además, una nota dirigida al presidente de la Comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen, para reclamarle que convoque “de inmediato” a una reunión y permita tratar y dictaminar el proyecto.
“Es en respuesta a un reclamo del Foro por la Emergencia en Discapacidad”, explicó a LA NACION uno de los referentes opositores que trabaja en la temática.
La agenda vinculada con la discapacidad inquieta especialmente al Gobierno. Es un tema que la Iglesia sigue con atención y que incluso podría formar parte del itinerario de la visita del papa León XIV prevista para noviembre. Según informó Clarín, uno de los lugares que podría visitar el Sumo Pontífice es el Instituto Don Orione, en Claypole, que trabaja con personas con discapacidad.
El próximo 30 de agosto llegará a la Argentina una segunda misión de avanzada enviada por la Santa Sede para recorrer y evaluar los posibles escenarios de las actividades previstas durante la visita papal. Entre los lugares bajo análisis se encuentra Don Orione.
