WASHINGTON.– La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso para convertir en permanente una tasa de más de 100.000 dólares aplicada a las visas H-1B para trabajadores extranjeros altamente calificados, una medida que afecta especialmente a empresas de tecnología, universidades y centros de investigación y que actualmente está bloqueada por los tribunales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el lunes una propuesta de reglamento que establece una tarifa de 103.265 dólares para determinadas nuevas visas H-1B. La norma será publicada formalmente el martes en el Registro Federal y abrirá un período de 30 días para comentarios públicos. Si supera ese proceso, podría quedar finalizada antes de fin de año.
La medida busca dar continuidad a una decisión adoptada por Trump en 2025. La proclamación presidencial que estableció originalmente la tasa vence en septiembre, un año después de su entrada en vigor, pero el mandatario había ordenado al DHS elaborar una regulación que permitiera mantener el cargo de manera permanente.
La tasa representa un aumento drástico frente al costo habitual de una visa H-1B, que suele ubicarse entre 2000 y 5000 dólares, según distintos factores. El programa permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas y contempla 65.000 visas anuales, además de otras 20.000 destinadas a personas con títulos avanzados. Las autorizaciones pueden extenderse durante períodos de entre tres y seis años.
Una medida bloqueada por los tribunales
El intento de convertir la tarifa en una norma permanente se produce mientras continúa una batalla judicial sobre su legalidad. En junio, un juez federal determinó que el cargo era ilegal y ordenó al gobierno impedir su cobro. Un tribunal de apelaciones con sede en Boston revisa actualmente esa decisión, mientras otro tribunal analiza una impugnación presentada en Washington.
La disputa gira en torno a los poderes del presidente y del DHS para establecer una tarifa de semejante magnitud. Los demandantes sostienen que la autoridad presidencial para restringir la entrada de extranjeros no permite modificar mediante una tasa las condiciones establecidas por la ley que creó el programa H-1B.
También argumentan que el Departamento de Seguridad Nacional no puede establecer tarifas con el objetivo de generar ingresos sin una autorización específica del Congreso.
La administración Trump rechaza ese argumento. El gobierno sostiene que los 103.265 dólares no constituyen un impuesto tradicional y que los tribunales tienen un margen limitado para cuestionar la autoridad presidencial en materia de ingreso de extranjeros al país.
Empresas tech, en el centro del debate
La discusión sobre el costo de las visas H-1B se produce en medio de un debate más amplio sobre el programa. Trump y otros críticos sostienen que algunas empresas utilizan estas visas para reemplazar trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros dispuestos a aceptar salarios más bajos.
Empresas y organizaciones empresariales, en cambio, defienden el programa como una herramienta necesaria para cubrir puestos para los que no existen suficientes trabajadores estadounidenses calificados. También argumentan que permite a las compañías acceder a talento internacional en áreas estratégicas.
Según documentos judiciales, hasta finales de febrero unos 70 empleadores habían pagado la tasa de 100.000 dólares por un total de 85 solicitudes de visa.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos, junto con estados gobernados por demócratas y una coalición de sindicatos y empleadores, cuestiona judicialmente la tarifa. Esas demandas podrían ampliarse para impugnar la nueva regulación si finalmente es aprobada.
Menos solicitudes y más restricciones
La iniciativa se suma a otras medidas de la administración Trump para endurecer el sistema migratorio. Los empleadores registraron el año pasado unas 344.000 visas H-1B, más de un 25% menos que en 2024 y menos de la mitad de las 794.000 solicitudes registradas en 2023, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
El gobierno también ordenó controles más exhaustivos sobre los solicitantes y propuso modificar el sistema de selección para favorecer a trabajadores con mayores niveles de calificación y salarios.
A principios de agosto, el DHS aprobó además una regulación que incorporó tarifas de hasta 4500 dólares para determinados trámites destinados a extender la permanencia de trabajadores H-1B o trasladar a Estados Unidos empleados que se encuentran en otros países.
Agencia Reuters
