CÓRDOBA.- La Legislatura unicameral de Córdoba se ha convertido, desde hace un tiempo, en uno de los puntos más incómodos para el peronismo provincial. No por una derrota parlamentaria ni por la dificultad para aprobar las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, sino por una sucesión de episodios que golpean la imagen de “transparencia e institucionalidad” con la que el cordobesismo intenta diferenciarse de otras experiencias políticas nacionales.
El gobernador Martín Llaryora, ante las consultas por el caso, pidió que la Justicia vaya “a fondo”.
El primer golpe durante su gestión fue el caso de la denominada “empleada fantasma” en enero de 2025. Guillermo Kraisman, exconcejal peronista de la ciudad de Córdoba, que ya enfrentaba una causa judicial por tratar de llevarse unos productos sin pagar de un supermercado siendo funcionario municipal, fue detenido luego de intentar cobrar el sueldo de una mujer que figuraba como contratada de la Unicameral y que aseguró que nunca había trabajado allí.
La designación −según testimonios− estaba vinculada con la legisladora oficialista Nadia Fernández, quien se desligó del nombramiento cuando declaró en la causa judicial. Meses después, fue designada secretaria general de Gestión Penitenciaria.
El hecho abrió un debate respecto de si ese contrato era un caso aislado o una muestra de un sistema de contrataciones utilizado para distribuir cargos entre dirigentes y allegados de los legisladores.
Tres meses después del escándalo, las autoridades de la Unicameral difundieron los nombres de 1055 personas contratadas, entre los que surgieron nombres de familiares de dirigentes, 86 exintendentes y referentes políticos de distintos partidos. Unos $1000 millones mensuales eran destinados al pago de ese personal que, en su mayoría, aparecía como “asistente” de los legisladores sin ningún detalle sobre las funciones que realizan.
La vicegobernadora Myrian Prunotto, responsable institucional del Poder Legislativo, sostuvo que “no hay contratados fantasmas”. Planteó que las contrataciones dependen “de cada uno de los legisladores y la baja también” y añadió que Fernández había pedido la baja porque la mujer no concurría a trabajar. Sobre la revisión general, apuntó que “no se detectó otro caso similar”.
En las últimas semanas, un caso judicial escaló y alcanzó nuevamente a la Unicameral. Transparentó que los controles sobre los contratados no son sólidos. En el marco de la investigación judicial que actualmente tiene 12 detenidos acusados de grooming, explotación sexual y abuso sexual de menores en la localidad de Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés, la Justicia detectó que uno de los aprehendidos, José Aníbal Ricardo Villarreal, era asesor del legislador del oficialismo Ramón “Cañito” Flores.
Cuando Flores se enteró la detención y la acusación de abuso sexual con acceso carnal, pidió que se lo desafectara. Reconoció que formaba parte de su equipo y sostuvo que había presentado un certificado de antecedentes sin observaciones cuando fue incorporado. En declaraciones a La Voz indicó: “Yo soy muy confiado. Este chango es conocido de toda la vida y me metió en un quilombo”.
La fiscal que investiga el caso de abusos y grooming reveló que Villarreal tenía antecedentes penales comprobados. Tiene una denuncia penal de 2021 por presunto abuso sexual y reducción a la servidumbre. La víctima, que hizo la denuncia cuando tenía 34 años, fue abusada cuando era una menor judicializada que estaba bajo el cuidado de la familia de Villarreal.
En ese marco de creciente presión política y avances de la investigación, Flores pidió licencia. Dijo que buscaba evitar interferencias y permitir que la Justicia investigara con libertad. Horas después, otro integrante de su equipo de asesores también fue desafectado.
Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, quien se había desempeñado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y habría estado involucrado en un presunto caso de peculado. Después de estos hechos, la Secretaría Administrativa de la Unicameral dispuso que asesores y funcionarios presenten certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia. La medida alcanza tanto a nuevas contrataciones como a renovaciones.
Antecedente
Hace apenas tres meses, el femicidio de la adolescente Agostina Vega también tuvo impacto político. Por un lado, el intendente Daniel Passerini le pidió la renuncia al concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber “hecho entrar” a la Municipalidad al acusado del femicidio, Claudio Barrelier.
Barrelier también tenía antecedentes por un hecho ocurrido en 2025, posterior a su ingreso a la administración pública. El fiscal Iván Rodríguez lo dejó en libertad después de unos días preso por una denuncia de una joven por privación ilegítima de la libertad.
Llaryora decidió aplazar la asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario, un cargo creado el año pasado junto a otros para promover a funcionarios judiciales que están en sintonía con el oficialismo.
A este contexto se suma que en Villa Dolores está siendo juzgado Oscar González, exlegislador y exvicegobernador. En octubre de 2022, en un choque en Altas Cumbres, murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes resultaron con consecuencias graves. Está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
González primero pidió licencia en la presidencia provisoria de la Legislatura y, posteriormente, fue suspendido como legislador.
