Los reclamos por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario condujeron a un nuevo paro que se extenderá hasta el 22 de este mes con adhesión acotada y dispar pues el mayor gremio docente, Aduba, no se sumó a la medida. Demandan la actualización de partidas presupuestarias para hospitales universitarios, becas estudiantiles y haberes de profesores en consonancia con el fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno. Los docentes celebran el avance y la caída de argumentos que avalen una suspensión de la medida, aunque desde el Gobierno aún entiendan que hay margen para la discusión mientras califican de ilegítimas y politizadas las medidas. La ejecución de la cautelar volvió al juzgado de primera instancia, a cargo de Martín Cormick, quien convocó a una audiencia para mañana.
El calendario de protestas se inició el miércoles de la semana última, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, con impacto en todas las universidades públicas del país y prevé extenderse con medidas hasta fin de mes.
Desde el Ministerio de Capital Humano se asegura que el Gobierno cumple sus obligaciones con el sistema universitario y se pone el foco en que la norma compromete el equilibrio fiscal al carecer de una previsión genuina de recursos.
El presidente Javier Milei plantea que la gratuidad del sistema actual hace que los sectores más vulnerables sean los que financien los estudios a los hijos de los de mayores ingresos. El control y la transparencia con que se manejan los recursos públicos también en este terreno son claves. Mientras el Gobierno insiste con la necesidad de auditar los gastos y contar con presupuesto para un financiamiento genuino, las universidades siguen sin rendir cuentas.
La Ley de Educación Superior fija que la Auditoria General de la Nación debe controlar las universidades, aunque no menciona con qué periodicidad. Pero este organismo, dependiente del Congreso, no cumple con su trabajo. Según Chequeado.com, para 2025, solo se auditaron tres facultades de la UBA (Medicina, Derecho y Ciencias Económicas) y el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no fueron rendidos.
En 2022, la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular era Carlos Zannini, dictaminó que no correspondía aplicar los controles de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a las universidades pues, al hacerlo, se violaría la autonomía universitaria. A pesar de un cambio de criterio posterior, en 2024 la UBA reafirmó que la Sigen no tiene competencias para controlarla.
Los auditores internos son así designados por el rectorado o el consejo superior de cada universidad, una maquinaria perfecta al servicio de la administración de turno que queda blindada por los propios. Plantear que puede haber transparencia real cuando solo se cuenta con mecanismos de auditoría interna y no una supervisión de organismos externos es cuando menos naïf. Un buen rector debería abrir la puerta a una auditoría independiente sin reparos para desactivar cualquier sospecha sobre el uso espurio de fondos como cajas de la política. Afirmar que una auditoría externa limitaría la autonomía es disparatado, toda vez que los ciudadanos, las personas físicas y jurídicas controladas por el fisco no pierden independencia.
Quienes critican el accionar del oficialismo en este tema prefieren acusar a Milei de querer terminar con el formato actual de la educación universitaria pública antes que reconocer que la ausencia de mecanismos serios y confiables de control interno en el uso de bienes y recursos es un reclamo genuino que la ciudadanía debería apoyar. Establecer cuál sería la mejor conformación de los organismos de control para que no queden al arbitrio exclusivo del gobierno de turno constituiría un gesto de racionalidad.
