Más de 30 años es una eternidad para cualquier actividad económica. Mucho más para la minería, una industria que en ese período atravesó transformaciones tecnológicas, geopolíticas y regulatorias de enorme magnitud. De ser un sector “aburrido”, técnico y poco conocido, a ocupar el centro de las miradas internacionales, la tapa de los diarios y –junto con Vaca Muerta– uno de los focos de la apuesta del país por desarrollar sus recursos naturales.
Cuando se reglamentó la Ley de Inversiones Mineras, a principios de los años 90, el mundo era otro. La Argentina recién comenzaba a integrarse al mapa de la gran minería internacional y los minerales, como el cobre o el litio, distaban de tener la relevancia estratégica que poseen hoy.
Sin embargo, el régimen reglamentario permaneció prácticamente inalterado durante más de tres décadas, sobreviviendo a reformas constitucionales, crisis económicas, cambios de orientación política y debates recurrentes sobre el desarrollo de la actividad.
La realidad actual es muy diferente. Los “commodities” de antes, hoy son minerales críticos y se han convertido en insumos centrales para la transición energética y la transformación tecnológica global. En ese contexto, los países compiten por atraer inversiones y garantizar el abastecimiento de recursos estratégicos.
La Argentina busca posicionarse en esa carrera. La Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones recientes a la legislación minera (incluyendo, centralmente, la modificación de la ley de glaciares) y ahora el Decreto 482/2026 forman parte de una misma dirección: generar certidumbre, y condiciones más competitivas para el desarrollo del sector.
A esto, se suma una mayor participación de las provincias y de las cadenas de proveedores, que comienzan a visualizar en la minería una oportunidad de crecimiento económico y desarrollo regional.
El nuevo decreto reglamentario apunta precisamente a actualizar un esquema que había quedado desfasado respecto de las necesidades actuales de la industria. Su principal aporte es la búsqueda de mayor previsibilidad, un factor decisivo para una actividad caracterizada por inversiones intensivas y horizontes de largo plazo.
Uno de los cambios más relevantes se vincula con la estabilidad fiscal, considerada históricamente la piedra angular de la Ley de Inversiones Mineras. El decreto despeja una controversia que generó incertidumbre durante años, al establecer que la estabilidad “nace” con la presentación del estudio de factibilidad y no con la emisión posterior de un certificado administrativo. La aclaración fortalece la seguridad jurídica y reduce márgenes de interpretación que, en algunos casos, podrían afectar decisiones de inversión.
También hay avances importantes para la etapa de exploración, probablemente la más riesgosa de todo el ciclo minero. El recupero del IVA, un beneficio previsto desde hace años pero difícil de materializar en la práctica, incorpora procedimientos más simples y plazos definidos. Para proyectos que aún están lejos de producir, la previsibilidad administrativa resulta tan valiosa como el incentivo económico en sí mismo.
En la misma línea se inscribe la reforma del régimen de importaciones. La sustitución de autorizaciones previas por declaraciones juradas integradas a sistemas electrónicos reduce burocracia, acorta tiempos y limita espacios para la discrecionalidad. Es una modificación que apunta directamente a mejorar la eficiencia operativa de los proyectos.
Existen además otros cambios relevantes, desde ajustes vinculados a la integración regional y la amortización de bienes hasta precisiones ambientales y facilidades para proveedores y prestadores de servicios. Todos comparten un mismo objetivo: adecuar las reglas a las condiciones actuales de la actividad.
Más allá de cada medida específica, el valor principal del decreto radica en la señal que transmite. La competitividad minera no depende únicamente de la riqueza geológica. También requiere reglas claras, procesos previsibles y marcos regulatorios capaces de acompañar proyectos que demandan décadas de planificación y miles de millones de dólares de inversión. La Argentina ha finalmente comprendido la magnitud de los recursos que duermen bajo el suelo, y está haciendo lo necesario para que se transformen en desarrollo, prosperidad y un país más federal y armónico. Bienvenido sea.
El autor es abogado. Socio a cargo del área de minería de Nicholson y Cano
