En la mesa del presidente de la República, Yamandú Orsi, se sumó un nuevo potencial diferendo internacional y también vinculado a decisiones de gestión del anterior gobierno de Luis Lacalle Pou.
El problema lo representa la empresa de capitales mexicanos y alemanes que instaló y mantiene el sistema de control migratorio en puertos, Veridos, que está reclamando al Estado uruguayo el impago de una deuda de 10,7 millones de dólares. Y, de hecho, ya inició el tradicional proceso que tiene como destino el inicio de un arbitraje internacional, lo que implica al mismo tiempo la posibilidad de evitar ese extremo y alcanzar un entendimiento.
La firma privada -aunque el 40% corresponde al Estado alemán-, cuyos servicios se utilizan en los puertos de Montevideo y Colonia y pasos de frontera terrestres, reclama que el cobro de 2,10 dólares más IVA, que se debía aplicar por cada pasajero que se controlara, no fue abonado pese a estar operativo el sistema hace más de un año.
Veridos ya envió una nota dirigida al presidente Orsi y los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; y del Interior, Carlos Negro, el 11 de agosto para notificarlos del inicio del período de negociaciones.
El gobierno, dijeron a El País fuentes oficiales, tiene como objetivo evitar los tribunales, así que citará para los próximos días a representantes de las firmas para continuar el diálogo. “La idea es llegar a un acuerdo; sentarnos a conversar y encontrar una solución”, dijo un integrante de la Torre Ejecutiva.
Lo que lamentan en el gobierno es que se trata de un tema otra herencia negativa de la administración nacionalista, tal como también ocurrió con los pagos atrasados del Ferrocarril Central -que se zanjó abonando 144 millones de dólares-; con la decisión de Lacalle Pou de seguir adelante con su proyecto de agua potable en Arazatí (San José) sobre el filo de su gestión, y que este gobierno reformuló; o con el contrato firmado con el astillero Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, que este Ejecutivo rescindió e incluso llevó a la Justicia.
Se tratará, entonces, de otro capítulo de desencuentro con la oposición. Días atrás, el exsenador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, aseguró que entendía “fundamental que se revisen estas medidas inexplicables que se tomaron durante la anterior administración (Lacalle, Heber, Martinelli)”. En su cuenta de X, y tras conocerse la posición de la Procuradoría del Estado en lo Contencioso Administrativo (ver recuadro), Carrera subrayó también que “la adjudicación a Veridos fue observada tres veces por el Tribunal de Cuentas”.
Los argumentos
En la misiva de seis páginas, a la que accedió El País, se indicó que hubo “omisiones” del Estado uruguayo.
Luego se afirmó que “con el propósito de encauzar estas negociaciones y evitar la agravación del daño”, los inversores piden que “pague de inmediato” lo adeudado y que “asegure la operativividad futura del mecanismo de pago” sea cumpliendo con el decreto o generando un nuevo mecanismo.
Además, se advirtió en la carta que de no alcanzarse una solución “amistosa” en los próximos seis meses -a partir del 11 de agosto- seguirán adelante hacia el arbitraje internacional. Se reclaman 10,7 millones de dólares, cifra estimada por Veridos.
Antecedentes
Veridos resultó adjudicatario en setiembre de 2023 y el 20 de diciembre de ese año firmaron un contrato de los denominado “llave en mano” por la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay.
La solución implicó actuar sobre 17 pasos fronterizos en los que se renovaría la forma en que se revisarían a los pasajeros y su documentación bajo la creación del Sistema Integral de Gestión Migratoria del Uruguay (Sigmu).
El precio acordado, 2,10 dólares más IVA que se pagaría solo en los pasos fluviales, se estableció en un decreto aprobado el 31 de enero de 2024 que obligaba a las empresas navieras que operen en los puertos a cobrar el cargo a los pasajeros.
En febrero de 2024 las navieras impugnaron el decreto negándose a cumplirlo e impusieron un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Un año después, en febrero de 2025, el Ministerio del Interior y Veridos emitió el informe final y con ello se puso en operación el sistema de control, lo que para la firma mexicano alemana, implicó que a partir de ese momento comenzaba el cobro.
“A la fecha, los inversores no han recibido pago alguno a cuenta del precio y pese a los reiterados llamados de los inversores para buscar una solución a esta problemática. Uruguay no ha adoptado medida concreta alguna para atender sus reclamos y se ha negado a cumplir sus obligaciones”, se indica en la nota enviada al presidente y los ministros.
