BRASILIA.- Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta un frente de desgaste inesperado: su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como “Lulinha”, es investigado por la Policía Federal por presunto tráfico de influencias y corrupción.
La investigación contra Lulinha se divide en tres procesos que avanzan bajo secreto de sumario en el Supremo Tribunal Federal (STF), bajo la sospecha de que se aprovechó del vínculo con su padre para facilitar negocios privados con la administración federal. El expediente más avanzado apunta a un intento fallido, entre fines de 2024 y comienzos de 2025, de vender al Ministerio de Salud 1,2 millones de frascos de medicamentos a base de canabidiol -derivado del cannabis-, por un contrato que rondaba los 600 millones de reales -más de 100 millones de dólares- y que finalmente no se concretó.
En el centro de la trama aparece Roberta Luchsinger, lobista afiliada al Partido de los Trabajadores (PT) desde 2021 y nieta de un exaccionista suizo del banco Credit Suisse. Según la Policía Federal, se presentaba ante funcionarios como representante de los intereses de Lulinha y llegó a pedir comisiones de hasta el 20% por negocios que gestionaba en su nombre. En mensajes de WhatsApp de marzo de 2024 citados por la investigación, escribió que ella, Lulinha y otro empresario, Fernando Bittar -copropietario de una finca en Atibaia investigada en el Lava Jato, la causa que también alcanzó a Lula-, formaban parte de un mismo equipo.
Los intercambios centrales entre Luchsinger y Lulinha se concentraron entre marzo y mayo de 2024. La negociación con la cartera sanitaria, incluido el borrador de un contrato, se extendió hasta fines de 2024 y comienzos de 2025. Sin embargo, recién en julio de 2026 el STF autorizó abrir la causa, marcando un salto de más de dos años entre los hechos iniciales y la apertura formal del expediente judicial.
El caso también salpica a Marco Aurélio Santana Ribeiro, “Marcola”, hasta hace poco jefe de gabinete de Lula en el Palacio del Planalto, y a Antonio Carlos Camilo Antunes, apodado “Careca do INSS (Instituto de Seguridad Social)”, señalado en un esquema de fraude a jubilados que estalló el año pasado y ya había golpeado al gobierno.
Según los investigadores, Antunes iba a proveer el medicamento. Luchsinger facilitó a Marcola cerca de 250.000 reales en tarjetas de crédito y joyas, mientras que Antunes transfirió 1,5 millones de reales a una empresa de la lobista. Aunque la conducción del PT decidió inicialmente sostenerlo, Marcola renunció al comité de campaña al día siguiente de conocerse los detalles del préstamo.
La causa nació como una derivación de la investigación del INSS, cuando la policía peritó el celular de Luchsinger y encontró los diálogos con el hijo del mandatario. A fines de julio, el juez André Mendonça, del STF, autorizó abrir tres investigaciones distintas: dos bajo su propia conducción y una a cargo del juez Flávio Dino. Esta semana, la Procuraduría General de la República pidió que las actuaciones bajaran a primera instancia al considerar que ningún investigado tiene fueros, pero Mendonça resolvió mantener el expediente en el máximo tribunal por entender que es “prematuro” descartar la aparición de nombres con fuero privilegiado.
La defensa de Lulinha niega cualquier irregularidad y denuncia una “pesca de pruebas” con filtraciones selectivas a la prensa. Consultado por LA NACION, su abogado, Marco Aurélio de Carvalho, apuntó contra sectores de la Policía Federal, a los que acusó de actuar “al servicio de intereses político-electorales”. Por su parte, el propio Lula manifestó públicamente que su hijo deberá demostrar su inocencia ante la Justicia como cualquier ciudadano, sin ningún tipo de protección o trato especial.
La disputa se trasladó también a los tribunales civiles. Esta semana, Lulinha demandó al candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro por un video generado con inteligencia artificial que lo vincula a los desvíos del INSS, y al gobernador de Minas Gerais y también postulante, Romeu Zema, por otro clip que lo muestra en un plantío de marihuana. En ambos casos, reclama la retirada inmediata del contenido y una indemnización por daño moral.
El armado de la oposición sumó un dato relevante. El compañero de fórmula de Flávio Bolsonaro es el diputado Alfredo Gaspar, quien como relator de la comisión parlamentaria que investigó el fraude al INSS pidió la imputación de más de 200 personas, incluida la prisión preventiva del propio Lulinha.
El escándalo estalla en medio de un proceso electoral donde la corrupción volvió a instalarse en el centro del debate. Hasta hace pocas semanas, Lula mantenía una ventaja cómoda mientras Flávio Bolsonaro quedaba expuesto por mensajes con el banquero preso Daniel Vorcaro para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre su padre. Sin embargo, el caso Lulinha comenzó a erosionar los márgenes del oficialismo.
El impacto se advierte en sondeos. Una encuesta de BTG/Nexus mostró que la ventaja de Lula en primera vuelta cayó de 9 a 4 puntos (41% a 37%) tras la convención de Flávio, el 25 de julio, mientras que en balotaje se redujo de 4 a 2 puntos. En paralelo, un estudio de Atlas Intel/Bloomberg arrojó que el 47% de los brasileños cree “muy probable” que aparezca un nuevo escándalo de corrupción en los próximos seis meses. Aunque la dirigencia del PT remarca que los negocios nunca llegaron a concretarse, el desgaste condiciona la carrera hacia el 4 de octubre.
