Los bancos, especialmente aquellos que cotizan en Bolsa, comenzaron a mostrarles a sus inversores que cerca de un tercio de la mora que deben reportar deriva directamente de las normas regulatorias locales, que los obligan a replicar la peor calificación crediticia que tenga su cliente en el sistema, aun cuando con ellos se encuentre al día.
La alusión, básicamente, es a la Comunicación “A” 7443, vigente desde hace años, que provoca lo que los analistas definen como un “efecto arrastre” sobre todo el sistema y complica la nueva oferta de crédito, ya que obliga a las entidades a previsionar (inmovilizar fondos) por préstamos que, en muchos casos, no son morosos.
Se trata de una norma que varias entidades reclamaron al Banco Central (BCRA) revisar, sin lograr receptividad por el momento, y que establece que, “si un deudor registra atrasos que representan el 40% o más de su pasivo total, el resto de las entidades debe degradar su calificación interna”, explicó el analista y consultor Pablo Curat. De allí surge el “contagio”, aun en caso de que la irregularidad se produzca solo con otra entidad, algo muy común con las fintech, interpretan, como ya había señalado LA NACION oportunamente.
La otra norma apuntada es la que recientemente el titular del BCRA, Santiago Bausili, describió como la que genera una “digestión lenta” de la mora. Se trata de los criterios aplicados para las “pérdidas incurridas” y las “pérdidas esperadas”, según se trate de entidades pequeñas o grandes, que les impiden a los bancos normalizar una calificación de manera inmediata.
El funcionario, al presentar el último Informe de Política Monetaria (IPOM), explicó que la mejora de las calificaciones castigadas por incurrir en mora es gradual y solo se activa a medida que los deudores refinancian y regularizan consistentemente los pagos. Esto hace que pasar de la categoría de deudor 5 —el mayor nivel de mora— a la categoría 1 —cumplimiento de pagos— lleve, en el mejor de los casos, “nueve meses”, reconoció.
La mención a la “mora importada” apareció, por caso, en el balance de Banco Macro con resultados al segundo trimestre. La entidad hizo notar que, si en ese período la mora siguió subiendo marcadamente, fue por las recategorizaciones obligatorias establecidas por la normativa del BCRA. Así, un aumento de la irregularidad de solo 27 puntos básicos en ese lapso —de 3,81% de la cartera a 4,08%— se transformó, por efecto de esas recategorizaciones, en uno de 85 puntos básicos, de 5,40% a 6,25%. En el acumulado del año, esto lleva el castigo a 2,38 puntos porcentuales cuando, de otra manera, habría sido de solo 1,15 puntos.
Los datos muestran que la morosidad es más extendida entre los clientes de billeteras y fintech, un segmento en el que la situación se complica más por el nivel de las tasas de interés que se aplican a las pequeñas financiaciones, que en muchos casos superan el 1000% anual cuando se considera el Costo Financiero Total (CFT), que es, ni más ni menos, el indicador más fiel de lo que se paga por un préstamo.
“En las fintech hay 2 millones de personas en situación irregular que deben un total de $1 millón; o sea, el doble de un sueldo mínimo o la mitad de un sueldo promedio”, recordó al respecto hace unos días el analista y consultor Fernando Marull.
“La mora no es un problema macro, como algunos quieren hacer creer, ni sistémico: el grueso entre personas está en pequeños préstamos, pero que se hacen difíciles de pagar”, coincide Leonardo Chialva, de Delphos Investment.
El punto es que muchos de los que habían agotado sus posibilidades de acceso al crédito bancario —o nunca lo tuvieron por su situación laboral precaria— recurrieron a las alternativas más sencillas para poder refinanciar otras deudas o cubrir gastos corrientes, en tiempos en que los ingresos no mejoraron.
Las crecientes menciones al sector llevaron hoy a la Cámara Argentina Fintech a publicar un comunicado, denominado “Argentina necesita más y mejor crédito”, para presentar su posición sobre la situación del crédito a las familias y las alternativas necesarias para abordar el crecimiento de la mora.
Allí explican que hoy son más de 10 millones de argentinos los que acceden a financiamiento a través de una fintech, “de los cuales 3,8 millones no tienen un crédito bancario”, y que el stock total de crédito a las familias asciende a $82,8 billones. De ese total, “el 81,1% está concentrado en bancos, el 11,7% en fintech y el 7,1% en otros proveedores no bancarios”.
“De ese total, $13,5 billones —el 16,3%— se encuentran en situación irregular: el 63,3% está contabilizado en bancos, el 20,4% en otros proveedores y el 16,3% en fintech”, señalan en base a los montos involucrados, antes de reclamar “soluciones compartidas” para encarar el problema. Entre ellas, consideran necesario “avanzar en mejorar la información crediticia disponible, reducir la carga impositiva, promover más educación financiera y alternativas tempranas para quienes atraviesan dificultades”.
El informe, elaborado por la consultora Analytica en base a datos del BCRA, señala que hay 20,8 millones de individuos con al menos un crédito formal en el país, de los cuales 5,8 millones registran atrasos superiores a 90 días en el pago de sus cuotas.
Y detalla que, separados según el tipo de proveedor:
Apuntan que la irregularidad es más extendida en el sector porque, mientras los bancos están habilitados por el BCRA a prestar dinero proveniente de los depósitos de sus clientes, “las fintech y los proveedores no financieros solo pueden utilizar capital que toman del mercado de capitales o, incluso, de préstamos bancarios, un mecanismo siempre más costoso”. Esto les fija un piso más alto en su costo de fondeo y los lleva a prestar más caro.
La disputa entre los distintos jugadores del sistema financiero sobre el problema de la mora está planteada. Mientras dejan constancia de que esperan alguna reacción de las autoridades sobre el tema, también dejan expuesto el único punto de coincidencia: el reclamo por las cargas impositivas que siguen castigando la oferta crediticia.
