1-La reciente sanción del convenio entre el Estado provincial y la compañía minera Vicuña —aprobada en la Legislatura con 27 votos a favor y 9 en contra— ha abierto un profundo debate respecto a la conveniencia fiscal y patrimonial de la medida. El acuerdo establece un adelanto financiero de 250 millones de dólares en concepto de «Aporte DIA» (Declaración de Impacto Ambiental), destinado a financiar obras de infraestructura mediante un fideicomiso provincial. Mientras el oficialismo defiende la herramienta como una oportunidad para capitalizar recursos y mitigar riesgos, sectores de la oposición han catalogado la operación como un perjuicio económico sustancial para las cuentas públicas.
2. Los argumentos de la oposición: Críticas a la ecuación financiera Desde los bloques opositores, legisladores como Fernanda Paredes y Marisa López calificaron el convenio como un negocio desfavorable para la provincia, argumentando que se están resignando ingresos millonarios que legítimamente le corresponderían a los sanjuaninos durante los primeros años de explotación. Los principales fundamentos de esta postura adversa se estructuran en los siguientes puntos:
- Subestimación de los ingresos nominales: Tomando como base la Evaluación Económica Preliminar (PEA) del proyecto Vicuña, la facturación bruta proyectada para el primer quinquenio de producción (2030-2034) ascendería a 20.590 millones de dólares. Al aplicar la alícuota del 1,5% correspondiente al Aporte DIA, el aporte nominal total habría alcanzado los 309 millones de dólares. Desde esta perspectiva, aceptar 250 millones de dólares implica una pérdida directa de 59 millones de dólares en términos nominales.
- Renuncia a fondos para obra pública: Los críticos sostienen que comprometer los recursos futuros de la minería a cambio de un pago anticipado limita severamente el margen de maniobra fiscal de la provincia a mediano plazo, privando a las futuras gestiones de fondos frescos en un momento en que la producción de cobre ya debería estar generando retornos plenos para el erario local.
- Desproporción frente al potencial del yacimiento: La oposición argumenta que el valor real del cobre extraído durante los primeros años de la mina superará ampliamente las estimaciones conservadoras utilizadas para justificar el adelanto, convirtiendo la operación en una transferencia anticipada de valor que favorece desproporcionadamente a las corporaciones mineras Lundin y BHP en detrimento del patrimonio provincial.
3. La contraparte oficial: Fundamentos técnicos y gestión de riesgos En respuesta a los cuestionamientos, el Gobierno provincial ha defendido la ingeniería financiera del acuerdo bajo criterios estrictos de valor actual y análisis de contingencias:
- Actualización financiera y costo de oportunidad: Las autoridades sostienen que, al traer a valor presente los 309 millones de dólares proyectados para la próxima década utilizando una tasa de descuento anual del 9,2%, la cifra equivalente hoy se reduce a aproximadamente 177 millones de dólares. Bajo este parámetro, percibir 250 millones de dólares de forma anticipada supera el valor real de los flujos futuros.
- Transferencia de riesgos operativos y de mercado: El Ejecutivo enfatiza que el desarrollo minero está sujeto a múltiples factores de incertidumbre, como demoras en la construcción, variaciones imprevistas en la cotización internacional del cobre o la paralización de faenas —evocando antecedentes locales como el proyecto Pascua-Lama—. El adelanto fijo traslada el riesgo económico desde la Provincia hacia la empresa operadora.
4. Arquitectura jurídica y sostenibilidad de las regalías El acuerdo también redefine la naturaleza jurídica del Aporte DIA, transformándolo de una resolución administrativa cuestionada judicialmente a una obligación legalmente vinculante. Asimismo, se ratifica que este adelanto no sustituye las regalías mineras tradicionales del 3% sobre el valor bruto de facturación, las cuales se mantendrán vigentes durante toda la vida útil del yacimiento, garantizando que la provincia conserve su participación en la renta minera a largo plazo.
