Digitalizar un trámite no necesariamente significa simplificarlo. Esa es una de las principales conclusiones del “Índice Simple de la Microempresa 2026”, un nuevo estudio regional que puso bajo la lupa las condiciones que enfrentan los pequeños emprendimientos para abrir, operar y cerrar un negocio en América Latina.
El estudio, diseñado por el abogado y especialista en desarrollo Gerónimo Frigerio, director general de Consulting Group, compara las reglas y servicios públicos de 20 países de América Latina a partir de 10 preguntas sobre el ciclo completo de una pequeña empresa de hasta cinco personas, desde su creación hasta su cierre.
El resultado expone una fuerte deuda de los Estados con los pequeños empresarios: de las 200 respuestas posibles -10 indicadores para cada uno de los 20 países-, apenas cinco fueron afirmativas. Es decir, el nivel de cumplimiento regional alcanzó solo el 2,5%.
La Argentina quedó en el grupo de 17 países que no obtuvieron ningún punto. Solo Brasil, con tres respuestas afirmativas, y Chile y México, con una cada uno, lograron sumar puntos en el índice.
Para Frigerio, exconsultor del Banco Mundial y del BID, el resultado revela un problema de enfoque: América Latina avanzó en digitalización, pero no necesariamente en simplificación. “América Latina digitalizó partes del problema, pero todavía no simplificó el sistema. Cuando vos digitalizás burocracia, no resolvés necesariamente el problema. Necesitás primero simplificar y después digitalizar”, explicó en diálogo con LA NACION.
La informalidad como síntoma
La tesis que Frigerio viene desarrollando en sus libros Simple (2020) y Desarrollo (2023) parte de una premisa: la informalidad no necesariamente responde a una decisión de los emprendedores de operar al margen de la ley, sino que puede ser una respuesta racional frente a sistemas demasiado complejos. “La informalidad es una docente que te está diciendo por dónde pasa el camino de reforma. Si la informalidad es más simple que la formalidad, te va a ganar siempre”, sostuvo.
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa el peso de las microempresas en la economía. Para Frigerio, son uno de los principales motores de generación de empleo en la Argentina y en América Latina, pero enfrentan una estructura regulatoria diseñada muchas veces con una lógica pensada para empresas de mayor tamaño.
Para una microempresa, cada formulario, registro, visita, pago o requisito adicional implica tiempo y dinero. A diferencia de una compañía grande, un pequeño emprendimiento no suele contar con departamentos legales, contables o administrativos capaces de absorber esa carga.
Y cuando el costo de cumplir se vuelve demasiado elevado frente al beneficio percibido de la formalidad, la informalidad puede convertirse en una alternativa.
“El emprendedor puede entrar por una puerta digital, pero luego debe aprender sistemas tributarios, laborales, contables y administrativos que no fueron pensados como un único servicio público. Malas reglas elevan el tiempo, el costo y la complejidad; esas barreras favorecen la informalidad y esa combinación contribuye a la persistencia de la pobreza”, explicó.
El caso argentino
La Argentina quedó sin puntos en los 10 indicadores analizados. El informe reconoce que existen avances puntuales. Por ejemplo, una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) puede registrarse en 72 horas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el proceso continúa fragmentado entre distintos organismos y niveles de gobierno: el registro societario, la administración tributaria y los tributos subnacionales funcionan como partes separadas de un mismo recorrido. “No hay forma de que a partir de la SAS uno observe todo un ciclo de vida integralmente simple”, afirmó Frigerio.
Para el especialista, la principal traba es la ausencia de una norma que permita abordar de manera integral todas las etapas de una microempresa. Su propuesta apunta a una “Ley Simple” que unifique y ordene el marco regulatorio.
El planteo adquiere especial relevancia en un contexto en el que buena parte de la discusión sobre inversiones y desarrollo empresario está concentrada en los grandes proyectos y en regímenes como el RIGI.
Mientras tanto, sostiene Frigerio, el segmento que concentra buena parte de la generación de empleo queda relegado. “La microempresa es el mayor actor económico de la Argentina y de América Latina para la creación de trabajo”, subrayó.
Una ley, un aplicativo y un impuesto
De acuerdo con el especialista, el objetivo del índice no es solo calificar, sino visibilizar una solución que hoy parece ignorada en el debate técnico. “Solo podés reformar si lo podés medir. Lo que se mide, se puede reformar. Acá el punto era medir para poder dar la discusión”, concluyó.
A partir de ese diagnóstico, Frigerio propone un estándar de simplificación basado en tres elementos:
Para Frigerio, se trata de un enfoque que se corre de lo ideológico: “Lo simple es eficiente y lo eficiente no es ni de izquierda ni de derecha, es eficiente”, enfatizó.
