ROMA.— Una congregación de monjas italianas se enfrenta al ayuntamiento de Spotorno, una localidad costera de Liguria, por el futuro de un tramo de 50 metros de playa que administran desde hace décadas y cuyos ingresos destinan a financiar obras educativas y sociales. El municipio decidió someter la concesión a una licitación pública para adecuarse a las normas italianas y europeas sobre el uso de las playas, en una disputa que la prensa local ya bautizó como una “guerra santa”.
Las protagonistas son las Hermanas de la Caridad de Santa María, que gestionan el complejo Bagni Gino Garrone desde la década del 70. La congregación utiliza el establecimiento para alquilar sombrillas y reposeras y destina los beneficios a actividades benéficas, entre ellas una escuela infantil que todavía funciona en Spotorno y un campamento de verano para niños en la costa.
La hermana Miranda, una religiosa octogenaria, se convirtió en la cara visible de la protesta. Durante una reunión pública interpeló al alcalde, Mattia Fiorini, y cuestionó la decisión de retirarles la concesión. “Es nuestra”, afirmó al Corriere Della Sera. “¿Por qué el ayuntamiento quiere quitarnos nuestra playa? Si lo hacen, ni siquiera podremos mantener la escuela en funcionamiento”.
El conflicto surge de una modificación en la regulación de las concesiones marítimas. Según el municipio, la figura que durante años permitió a determinadas entidades gestionar playas con una finalidad social ya no existe en el marco normativo actual. Por esa razón, la franja administrada por las monjas será reclasificada y deberá salir a concurso.
Fiorini, de centroizquierda, sostiene que el procedimiento busca terminar con una situación desigual en el acceso a la costa y adaptar a Spotorno a las normas de competencia. “Las monjas tendrán que participar en la licitación como los demás”, explicó el alcalde.
El municipio pretende reservar alrededor del 40% de sus playas para acceso libre o con servicios, en cumplimiento de la legislación regional de Liguria. Hasta ahora, Spotorno contaba con una proporción de playas públicas considerablemente menor, de alrededor del 3,5%, según las autoridades locales.
Un conflicto de larga data
La decisión se enmarca en una disputa mucho más amplia que desde hace años enfrenta a Italia con la Unión Europea por las concesiones privadas de sus playas. La llamada directiva Bolkestein establece reglas de competencia para determinados servicios y ha sido interpretada por las instituciones europeas y los tribunales italianos como incompatible con la renovación automática y prolongada de muchas concesiones.
Durante dos décadas, sucesivos gobiernos italianos retrasaron la aplicación plena de esas normas ante la resistencia de los propietarios de establecimientos balnearios, un sector con fuerte peso económico y político. El Gobierno de Giorgia Meloni terminó aceptando un calendario para avanzar hacia licitaciones públicas, bajo presión de Bruselas y de la Justicia italiana. El objetivo es que las concesiones actuales sean sometidas a procedimientos competitivos antes del 30 de junio de 2027.
En Spotorno, el cambio afecta especialmente a las llamadas “playas benéficas”. Según Fiorini, existían tres concesiones de este tipo, una vinculada a la Iglesia y otras dos a organizaciones con fines sociales. Esa categoría fue eliminada del nuevo Plan de Utilización de la Propiedad Estatal Marítima, por lo que las entidades deberán competir por las concesiones bajo las mismas reglas que los operadores privados.
El alcalde sostiene además que el establecimiento de las monjas dejó hace tiempo de encajar en la definición de una playa destinada exclusivamente a fines sociales. La Guardia Costera lo considera un balneario convencional.
La congregación rechaza esa interpretación y advierte que convertir el establecimiento en una “playa equipada de acceso gratuito” reduciría considerablemente sus ingresos. Bajo ese modelo, cualquier persona podría acceder sin pagar y solo abonaría una cantidad si quisiera utilizar determinados servicios. Para las religiosas, la caída de la recaudación pondría en riesgo la financiación de sus actividades educativas.
“Nos encomendamos al Señor y al buen juicio de los políticos, con la esperanza de que se encuentre una solución”, concluyó la hermana Miranda. En cambio, la dirigencia local volvió a instar a la congregación a participar del proceso licitatorio. “Las monjas tienen décadas de experiencia en trabajo social , que estoy seguro de que podrán plasmar por escrito en su proyecto, destacando los beneficios que ofrecerán a la comunidad”, cerró el intendente.
Agencia ANSA
