A la espera de la reforma de la carta orgánica del BCRA, que se trata en Diputados y que es la nueva máxima prioridad legislativa para el presidente Javier Milei, la jefa del bloque oficialista de senadores, Patricia Bullrich (Capital), busca redefinir el cronograma de tratamiento de los proyectos impulsados por el Gobierno en un escenario político que empezó a enrarecerse para la Casa Rosada.
La traumática aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que perdió tres capítulos en su paso por el Senado, le mostró a la senadora libertaria que el PJ empezó a reordenarse de cara al año próximo y que, por lo tanto, tendrá que armar una nueva mayoría en la Cámara alta porque cada vez contará menos con senadores que hasta no hace mucho eran firmes aliados de la administración libertaria.
“Vamos a ir al ritmo que podamos ir”, afirmó Bullrich en diálogo con LA NACION, admitiendo que la agenda oficialista en la Cámara alta se encuentra empantanada. “No hay mala voluntad [de los aliados], pero hay una realidad política distinta”, agregó, comprensiva, la jefa de la bancada oficialista del Senado.
El panorama no se muestra alentador, al punto que Bullrich ya se convenció de que tendrá que resignar su pretensión de abrir el recinto en la última semana de agosto. La idea era convocar a sesión para el 26 del corriente para tratar el proyecto de ley “Hojarasca”.
Sin embargo, el horno no está para bollos en el Senado para convocar a una sesión que tenga a una iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como principal protagonista.
Pero la crisis es más profunda aún. El radicalismo le ha puesto en las últimas semanas un freno a los pliegos judiciales. La bancada que conduce Eduardo Vischi (Corrientes) quiere que se destrabe el tratamiento de algunos ascensos diplomáticos antes de llevar al recinto designaciones en el Poder Judicial.
El tratamiento de los pliegos judiciales que ya tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos era la prioridad en la lista de temas pendientes del oficialismo, una cuestión que hasta el momento venía avanzando sin demasiados inconvenientes.
De hecho, hay más de 70 dictámenes listos para su discusión en el recinto. En esa nómina se destacan con cartel francés dos postulaciones: las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, nominados para vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Se trata de un tribunal estratégico porque tiene a su cargo la revisión de las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py, el fuero donde hoy se sustancian causas que comprometen al corazón del poder libertario, como las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la supuesta estafa con la criptmoneda $LIBRA y las acusaciones por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
El futuro de los jueces
A priori, los pliegos del Poder Judicial parecían formar parte de un acuerdo cerrado y, por lo tanto, a salvo de los vaivenes que algunos sectores peronistas y de fuerzas provinciales de la oposición dialoguista mostraron a la hora de tratar la relajación de los límites a la venta de tierras a extranjeros. Hasta eso cambió.
En este escenario, Bullrich sabe que tendrá que armarse de paciencia para avanzar con la agenda legislativa impulsada por la Casa Rosada.
Así, impulsa el tratamiento simultáneo en comisiones de los proyectos de Super RIGI y de sociedades, aunque sin apuro y sabiendo que en algunos casos tendrá que acordar modificaciones en los proyectos si quiere obtener dictamen y llevarlos al recinto para su aprobación.
En el caso del régimen de beneficios para las inversiones superiores a los US$1000 millones, la intención es aprobarlo tal como salió de la Cámara de Diputados para convertirlo en ley.
Es que cualquier cambio en el texto obligaría al proyecto de Súper RIGI a volver en segunda revisión a la Cámara baja, un escenario complejo si se toma en cuenta que septiembre está a la vuelta de la esquina y, con él, el debate del Presupuesto Nacional 2027.
En el caso del proyecto que establece un nuevo régimen de sociedades comerciales, es difícil que el tratamiento en comisiones llegue a buen puerto antes de fin de mes, por lo que, en el mejor de los casos, estaría tratándose a mediados de septiembre.
En este tema, todo indica que el texto original enviado por la Casa Rosada sufrirá algunas modificaciones para poder conseguir los votos necesarios.
Por último, están los cambios a la ley de salud mental propuestos por el Gobierno. Polémico desde el momento mismo en que fue anunciado su envío al Congreso, tras un par de reuniones públicas con expositores invitados, el texto lleva varias semanas discutiéndose entre senadores y asesores en busca de una redacción que consiga el mayor consenso posible.
El debate parecía haber llegado a un punto de acuerdo, pero el pedido de un senador para que se consulte a los ministros de Salud de todo el país, reunidos en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), puso en pausa el avance del proyecto, ya que la reunión con los funcionarios recién se realizará, de manera virtual, dentro de dos semanas.
