Pasaron más de 20 años desde la reforma agraria en Zimbabwe, pero Liam Philp todavía recuerda el día en que su negocio familiar se quebró: “Tuvimos que empacar de la noche a la mañana y mudarnos a la ciudad”.
Fue en 2004, bajo el mandato de Robert Mugabe -presidente autocrático de Zimbabwe entre 1987 y 2017-, cuando un grupo de hombres de los servicios de seguridad se presentaron en su finca familiar y le notificaron que la debía abandonar.
Ciudadano zimbabwense de cuarta generación, la historia de Philp resume la de miles de agricultores que salieron abruptamente y que, desde hace un par de años y hasta hoy, regresan a las tierras de las que alguna vez fueron echados.
Liam relata con emoción que para él, la agricultura está en su sangre. “Me crié en mi finca. Mis mejores amigos eran los trabajadores y sus hijos; tuve una infancia maravillosa allí. Tuve la infancia ideal: jugaba en las colinas y me metía al agua de la represa”, dice.
Reforma Agraria de Vía Rápida (FTLRP)
El vínculo entre la familia Philp y su granja se cortó de forma violenta durante el Programa de Reforma Agraria de Vía Rápida (FTLRP) que inició en el año 2000. No obstante, para comprender bien esta historia, es necesario viajar al pasado colonial.
La Ley de Distribución de Tierras de 1930 dividió Zimbabwe en zonas “raciales”. Las Regiones I, II y III, con los suelos más fértiles y lluvias estables, quedaron para los colonos europeos. Mientras que los otros territorios, zonas áridas y propensas a la erosión, terminaron en las “Tierras de Confianza Tribal”.
Aquí es donde aparece el Acuerdo de Lancaster House, la pieza fundamental que hoy pocos recuerdan pero que lo explica todo. Firmado en Londres en diciembre de 1979, este tratado fue el “certificado de nacimiento” de Zimbabwe como nación independiente.
Para asegurar la paz, los líderes revolucionarios aceptaron una condición impuesta por los británicos, que hacían de mediadores: la propiedad privada sería un derecho inalienable para evitar un éxodo masivo de blancos y un colapso económico inmediato.
El acuerdo estableció el principio de “vendedor dispuesto, comprador dispuesto” por un periodo de diez años. Durante esa década, el gobierno no podía expropiar tierras a la fuerza; solo podía comprarlas si el dueño deseaba venderlas.
Ese equilibrio precario terminó por romperse. El ritmo de redistribución de tierras fue insuficiente para aliviar la presión demográfica en las áreas comunales, y esto llevó al gobierno de Robert Mugabe a abandonar el modelo de mercado y avanzar hacia una política de expropiación acelerada.
La explosión ocurrió en el 2000. El gobierno de Mugabe nacionalizó las tierras sin pagar compensación, lo que provocó un colapso económico sin precedentes.
Como es de imaginar, el caso de Liam no fue excepcional. Hubo muchos otros granjeros que vivieron la misma historia.
Craig Deall, un zimbabuense de nacimiento que adquirió su propiedad en 1986, años después de la independencia, experimentó este cambio de forma directa.
Su finca cosechaba cítricos variados, mangos y la célebre “fruta de la pasión”, además de producir maíz y criar ganado.
Eso terminó en 2004 con un desalojo forzoso que le arrebató la tierra, toda la infraestructura y el equipo acumulado, sin recibir compensación alguna.
La reforma no solo desplazó a miles de propietarios blancos, sino que dejó en la calle a unos 300.000 trabajadores agrícolas negros, quienes perdieron su empleo y su hogar, y resultaron excluidos de forma sistemática de los beneficios de la redistribución.
A esta combinación de expulsiones e inseguridad jurídica se le sumó la falta de conocimiento técnico de parte de quienes se hicieron cargo de las tierras confiscadas. Y todo derivó en problemas que fueron mucho más allá del campo…
El impacto de este descalabro transformó al antiguo “granero de África” en una nación que pasó a sobrevivir , en parte, gracias a la importación masiva de granos básicos.
Después de la reforma, la producción de cultivos comerciales clave, como el trigo, la soja y el tabaco, registró caídas que oscilaron entre el 30% y el 70%, mientras que sectores específicos como el del girasol colapsaron casi por completo con una reducción del 87% en su volumen de salida.
Este vacío productivo detonó una hiperinflación legendaria que alcanzó el 79.600.000.000 (79.600 millones) % mensual en 2008 y destrozó el sistema financiero, el cual mantenía miles de millones de dólares en bonos sobre propiedades que perdieron su valor como garantía de la noche a la mañana.
Ante el hambre y la evaporación de las oportunidades, se inició una fuga masiva de capital humano: entre tres y cuatro millones de ciudadanos abandonaron el país, mientras que cientos de granjeros desplazados buscaron refugio en naciones como Zambia, Mozambique, Nigeria y Malawi.
En esos destinos, su experiencia técnica y su acceso al crédito transformaron tierras vírgenes en polos agrícolas dinámicos.
La pérdida de Zimbabwe fue, de manera irónica, la ganancia de sus vecinos…
Qué hizo Philp
Tras ser expulsado de su finca en 2004, Liam se trasladó a la ciudad y formó supropio negocio. En esta etapa, contrató a otros agricultores para que cultivaran los pimientos para él y estableció una planta de procesamiento en la ciudad
Después probó suerte en Zambia. “Ellos tienen ahora un sector agrícola próspero gracias a los granjeros que se mudaron en el 2000“, explica.
Pero su corazón seguía en su tierra natal.
Tras años de estar en Zambia, en tanto la agricultura nacional languidecía, recibió una llamada inesperada en 2016.
Los mismos que ocuparon su finca le pidieron que regresara: “‘Cometimos un error, necesitamos que vuelvas’, me dijeron”. Y él dijo que sí.
Philp dice que no fue una decisión sencilla. Le ofrecieron trabajar allí, pero sin reinstaurarle el título de propiedad. Le ofrecieron una joint venture.
Aceptar ese tipo de contrato por utilizar infraestructura que le fue quitada y nunca fue compensada implicó tragarse el orgullo.
“Muchos me dijeron que estaba loco, que cómo iba a decir que sí. Pero yo pensaba ‘si voy a entrar en una joint venture, prefiero hacerlo en mi granja, y no en otra’”, explica.
Hasta septiembre de 2025, el gobierno aprobó más de 2400 acuerdos de este tipo. El caso de Dan Burger, en Midlands, es emblemático: gestiona 13 fincas bajo este esquema.
Liam cuenta que no todos los granjeros desplazados aceptaron estas ofertas. “Hay una brecha generacional. A los más viejos les cuesta, guardan mucha amargura por haberlo perdido todo. Los más jóvenes encuentran más fácil trabajar con los nuevos dueños. Hoy hay una relación de respeto mutuo”, dice.
Por ahora, los resultados productivos acompañan. En el sector del trigo, Zimbabwe alcanzó en 2024 una cosecha récord de casi 640.000 toneladas, suficiente para garantizar la autosuficiencia nacional y proyectar exportaciones hacia países vecinos.
Es una señal positiva, pero no significa que no siga habiendo problemas.
Para Craig Deall, el factor decisivo sigue siendo el mismo: “la mayordomía de la tierra, independientemente de quién figure como propietario”.
El dilema, sin embargo, permanece abierto: cómo corregir una injusticia histórica sin volver a destruir la capacidad productiva del país.
El país todavía no logró dejar atrás una agricultura manejada desde el poder para pasar a un sistema productivo con reglas claras.
“Éxitos notables”
El regreso de algunos granjeros marcó un punto de inflexión, aunque no explica por sí solo la recuperación del sector.
También hubo miles de agricultores beneficiarios de la reforma que sí lograron poner en marcha sus explotaciones.
“Los pequeños agricultores que recibieron tierras han tenido éxitos notables, especialmente en el sector del tabaco, que alcanzó récords históricos en 2025”, dice a LA NACION, desde Zimbabwe, Ian Scoones, profesor del grupo de Política de Recursos y Cambio Ambiental.
Scoones señala que “existen nuevas alianzas donde los antiguos granjeros blancos son actores clave en la amplia cadena de valor de la agricultura, ya sea en el marketing, en el procesamiento o en el suministro de insumos”.
Para él, la conversación internacional suele ser sesgada al ignorar los logros de miles de nuevos productores que generan excedentes a pesar de la falta de apoyo estatal.
Aun así, reconoce que la falta de financiamiento agrícola y la falta de claridad respecto a la propiedad de las tierras son cuellos de botella críticos.
Sobre eso, Philp dice: “El rebote del sector depende de tres aspectos. El primero es la tenencia de la tierra. El segundo es el acceso a dinero a un precio razonable y el tercero es la reforma de las políticas“.
Ese diagnóstico comenzó, con los años, a reflejarse parcialmente en las políticas del Estado.
El gobierno de Emmerson Mnangagwa, bajo el lema “Zimbabwe está abierto para los negocios”, intenta ahora sanar las heridas mediante la Escritura Global de Compensación (GCD).
Este acuerdo de 3500 millones de dólares busca resarcir a los granjeros con mejoras en la infraestructura de los campos. Además, hay fondos destinados para compensar directamente a los agricultores desplazados.
Liam observa este proceso con cautela: “La compensación es una elección personal; algunos aceptan porque están en la indigencia y necesitan el dinero para sobrevivir en hogares de ancianos”.
El acuerdo ofrece bonos del Tesoro a diez años con un interés del 2%, una cifra que muchos consideran insuficiente. Solo unos 700 de un total de 2500 aceptaron el trato inicial.
La fragilidad del Estado zimbabuense
Detrás del debate sobre la compensación subyace un problema mayor: la fragilidad financiera del Estado zimbabuense frente a sus acreedores internacionales.
El país debe reestructurar su deuda externa de 21.000 millones de dólares y recuperar la confianza de los acreedores internacionales.
Liam Philp no regresó por dinero. “Soy un zimbabuense de cuarta generación y este es mi hogar”, dice. Dos décadas después de la reforma agraria, el país aún busca estabilidad para su principal fuente de riqueza.
En ese camino, granjeros como él trabajan con lo que hay: alianzas frágiles, contratos incompletos y acuerdos informales. No es una solución definitiva, pero es la única que hoy permite que la tierra vuelva a producir.
