WASHINGTON.– Una operación encubierta de la CIA estaría detrás de una serie de misteriosos ataques contra barcos pesqueros ecuatorianos cerca de las islas Galápagos, que provocaron la desaparición de ocho personas y abrieron interrogantes sobre el alcance de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en América Latina.
Según una investigación de The Washington Post, una persona con conocimiento del asunto confirmó que los ataques formaron parte de un programa de “acción encubierta”, una categoría de operaciones secretas en el extranjero que cuentan con autorización presidencial pero en las cuales el gobierno estadounidense no reconoce públicamente su participación. La CIA se negó a hacer comentarios y varios integrantes de los comités de Inteligencia del Congreso tampoco quisieron pronunciarse.
Los episodios involucraron a tres embarcaciones ecuatorianas: Fiorella, Negra Francisca Duarte II y Don Maca. El primero, un pesquero, desapareció en enero junto con ocho de sus tripulantes. Los hombres que viajaban en los otros dos barcos sobrevivieron a ataques registrados en marzo. Ninguna agencia o gobierno asumió hasta ahora la responsabilidad por los hechos.
Tampoco surgieron públicamente pruebas de que los tripulantes estuvieran involucrados en el tráfico de drogas y los sobrevivientes aseguraron que simplemente pescaban. Sin embargo, las Galápagos se convirtieron en los últimos años en un punto utilizado por narcotraficantes, donde algunos pescadores locales aceptan trabajos para suministrar combustible a contrabandistas que transportan droga hacia Estados Unidos.
Los testimonios recopilados por el diario estadounidense describen una operación inusual. Los sobrevivientes afirmaron que pequeños drones cuadricópteros lanzaron explosivos contra las embarcaciones o detonaron al estrellarse contra ellas. Después, hombres armados los subieron a otro barco, les colocaron capuchas, los esposaron y los trasladaron a El Salvador. Más tarde fueron enviados de regreso a Ecuador sin una explicación clara.
Una pieza central de la investigación es el FENIX 701, un Cessna Citation Longitude equipado con sofisticada tecnología de vigilancia. Datos de seguimiento aéreo y marítimo muestran que el avión partió desde El Salvador en dirección a los pesqueros los días de los ataques y también en jornadas anteriores.
El aparato había llegado desde Tennessee en noviembre con seis tripulantes y operaba desde el aeropuerto internacional de Ilopango, en las afueras de San Salvador.
El avión utilizó un número de matrícula estadounidense que no aparece asociado a ninguna aeronave en los registros disponibles de la Administración Federal de Aviación (FAA).
Ese número había sido reservado por una compañía sin una página web evidente y cuya dirección correspondía a un buzón de una tienda UPS en Virginia. Fotografías del aparato muestran además un radomo en su parte inferior, una estructura que protege equipos de radar.
El 20 de enero, día de la desaparición del Fiorella, el FENIX 701 despegó de Ilopango poco antes del amanecer. Los registros indican que también había volado hacia la posición del pesquero el 17 y el 18 de enero. En su último recorrido avanzó unos 1200 kilómetros en esa dirección antes de desaparecer de los sistemas públicos de seguimiento, algo habitual en zonas oceánicas con escasa cobertura.
Aproximadamente dos horas y media después de que el avión aterrizara otra vez en Ilopango, el Fiorella transmitió su posición por última vez. Dimas Ignacio Álvarez, uno de los dos miembros de la tripulación que se encontraban fuera del barco en una pequeña embarcación, contó que vio una columna de humo en el horizonte. Al día siguiente, mientras buscaba el pesquero, encontró un objeto flotante que identificó como su bandera.
Una secuencia similar ocurrió con el Don Maca. El 26 de marzo, el FENIX 701 volvió a partir desde Ilopango hacia el Pacífico. Horas después, mientras el cocinero del barco preparaba ceviche, divisó un dron y lo saludó. Según el pescador Jhonny Palacios, el aparato dejó caer un pequeño tubo negro y una explosión sacudió la embarcación. Un segundo impacto inutilizó el motor.
Los pescadores pidieron auxilio a un barco cercano. Una vez a bordo, hombres armados los esposaron y les cubrieron el rostro con capuchas. Palacios dijo que vestían uniformes color caqui y portaban rifles largos. Con excepción de dos intérpretes de español, la mayoría parecía hablar inglés. Horas después los recogió un buque de la Armada salvadoreña.
Según Palacios, los marinos salvadoreños dijeron que “los estadounidenses” les habían avisado dos días antes que debían recoger a un grupo de náufragos, es decir, antes de que el Don Maca fuera atacado. Los sobrevivientes fueron trasladados a la ciudad salvadoreña de La Unión, interrogados por la policía y luego entregados a las autoridades migratorias para organizar su regreso a Ecuador.
La revelación abre un nuevo capítulo dentro de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental. La campaña pública del Pentágono comenzó el año pasado y causó 221 muertes desde septiembre. Estados Unidos utilizó drones, aviones tripulados, bombas guiadas y misiles de precisión contra lanchas rápidas y semisumergibles.
El programa atribuido a la CIA, sin embargo, representaría una fase completamente secreta de esa ofensiva. Trump concedió a la agencia nuevas facultades para combatir el narcotráfico y autorizó acciones encubiertas contra organizaciones criminales transnacionales, incluso mediante el uso de fuerza letal. La CIA también incrementó sus recursos y personal en América Latina.
El lugar desde donde operaba el FENIX 701 agrega otro elemento llamativo. Ilopango tiene una larga historia vinculada a operaciones clandestinas estadounidenses: en 1985 y 1986, exmilitares norteamericanos y miembros de la CIA utilizaron ese aeropuerto como centro de apoyo logístico y suministro de armas a los contras que combatían al gobierno sandinista de Nicaragua.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses negaron tener conocimiento de los incidentes, mientras que las Fuerzas Armadas de Ecuador y el gobierno de El Salvador no respondieron las consultas del Washington Post.
Con información de The Washington Post
