En fecha reciente el Gobierno dio los pasos para reconfigurar la integración de la Sala I de la Cámara Federal Penal de la Capital. No es un hecho menor. Son numerosos los casos de gran relevancia que esa sala deberá resolver en algún momento, ya sea para impulsar investigaciones con miras a la posterior celebración de un juicio oral, o para cerrarlas si se trata de revisar un sobreseimiento. Esa Cámara constituye un importante filtro en casos de posible corrupción de funcionarios públicos, por lo que la elección de los candidatos a integrarla adquiere gran significación. Investigaciones tales como la del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA o la del posible favorecimiento a determinados empresarios en la adquisición de vacunas contra el Covid, por mencionar solo algunas, deberán indefectiblemente ser resueltas por esa sala.
Son dos los cargos por cubrir, producto de que la Corte Suprema resolviera tiempo atrás que dos de los jueces que hoy la integran, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, al haber sido trasladados desde otros tribunales, debían ser reemplazados por jueces que hubiesen concursado para ese cargo con intervención del Consejo de la Magistratura. Debe aquí señalarse que el Consejo incurrió en una reprochable aplicación selectiva del fallo de la Corte, pues al momento de su dictado existía una gran cantidad de jueces trasladados en la misma situación que los nombrados –situación que hoy se mantiene—, respecto de los cuales nunca se avanzó en el proceso de designación de nuevos jueces.
Una vez efectuado el concurso y constituidas las ternas de candidatos para cubrir esos dos lugares en la Sala I, el Poder Ejecutivo seleccionó a Pablo Yadarola -actual juez del fuero Penal Económico- y al propio Bertuzzi, que concursó para el cargo que ya venía ocupando.
Las dudas que genera la selección de Yadarola no son menores. En primer lugar, porque en el concurso de oposición llevado a cabo oportunamente para cubrir los cargos en cuestión este juez ocupó el 16° puesto. En segundo lugar, por su deslucida actuación en una causa judicial que podría ser sensible al poder político, como la vinculada al ingreso de 15 bultos sin controles aduaneros en un avión del exagente de inteligencia Leonardo Scatturice. Esa investigación por presunto contrabando está sospechosamente empantanada desde abril de 2025, sin que se haya podido determinar quién se comunicó con una agente aduanera para que no se revisaran las valijas de Laura Arrieta, mano derecha de Scatturice.
Todo hace pensar que la promoción de Yadarola está emparentada con su estrecha relación con el ministro Juan Bautista Mahiques y su padre, el juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, y con la posibilidad de que su designación resulte afín a los intereses del actual elenco gobernante en causas de presunta corrupción.
Otra modificación de importancia tendrá lugar al haber alcanzado el juez Martín Irurzun, integrante de la Sala II, el tope constitucional de edad de 75 años. Irurzun había hecho saber su deseo de permanecer en el cargo, pero el Poder Ejecutivo optó por no buscar su continuación, lo que hubiera requerido de un decreto para que el Senado prestara su acuerdo, como sí ocurrió con Carlos Mahiques.
Irurzun fue un magistrado muy respetado, de una probada independencia, por lo que es de lamentar que deba abandonar este tribunal estratégico. Quien lo reemplace deberá estar a la altura de ese antecedente.
Como acaba de señalar el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, “se encuentran próximos a ser designados magistrados cuya idoneidad resulta seriamente cuestionada por las irregularidades verificadas en los concursos llevados adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación”. Es menester que el Senado analice con la debida seriedad los pliegos de jueces propuestos.
