PUERTO ARGENTINO.– Un proyecto para desarrollar la salmonicultura industrial en las islas Malvinas dividió a sus 3500 habitantes y abrió un reclamo para que el futuro de la actividad se decida mediante un referéndum, ante las advertencias sobre sus posibles consecuencias para el ecosistema marino, informó The Guardian.
La iniciativa pertenece a Unity Marine, una empresa conjunta de la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS, que propone producir 50.000 toneladas de salmón al año en 16 lugares. De concretarse, sería el mayor desarrollo industrial costero en la historia del archipiélago, cuyas aguas albergan krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos.
Los beneficios económicos potenciales son significativos para una comunidad de ese tamaño. Una evaluación encargada por el gobierno isleño calculó que una producción anual de 30.000 toneladas podría aportar 35 millones de libras por año y crear 133 puestos de trabajo.
Sin embargo, Salmon Free Falklands (SFF), una organización creada por residentes para oponerse al proyecto, reclama ahora un referéndum. Sus integrantes aseguran haber perdido confianza en la consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre, y sostienen que una votación permitiría que los habitantes decidan definitivamente sobre la actividad.
Sally Poncet, integrante de SFF, cuestionó los informes encargados por el gobierno porque, según afirmó, utilizan datos proporcionados por Unity Marine que no pueden verificarse. También advirtió que los desechos de los salmones podrían perjudicar a la fauna marina.
Tierra del Fuego prohibió en 2021 el cultivo y la producción de salmónidos en todas sus aguas lacustres y marítimas, pero esa norma fue modificada en diciembre de 2025. La nueva ley mantuvo específicamente la prohibición de la salmonicultura en las aguas del Canal Beagle, con el objetivo de proteger su biodiversidad y sus usos actuales, pero abrió la puerta al desarrollo de acuicultura sustentable en otras zonas de la provincia. Los nuevos proyectos deben someterse a estudios de impacto ambiental y el gobierno provincial debe delimitar, mediante una evaluación ambiental, qué áreas podrían resultar aptas para esa actividad.
Las críticas también apuntan a la información todavía disponible sobre la capacidad del ecosistema para soportar la actividad. Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y actual asesora de SFF, sostuvo que la capacidad de carga aún no fue determinada mediante un proceso científico riguroso. También señaló que no está claro cómo se eliminarían eventuales mortalidades masivas de peces en unas islas tan remotas.
El gobierno isleño rechazó esas objeciones y aseguró que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura”. Explicó que los estudios actuales buscan analizar distintos escenarios y alimentar la discusión pública, y no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni autorizaciones para un proyecto específico. Entre la documentación de la consulta figuran informes ambientales, socioeconómicos y regulatorios, además de una descripción del proyecto preparada por Unity Marine.
La discusión ya llegó a reuniones públicas. La semana pasada, el diario local Penguin News informó que dos consultores canadienses invitados por Unity Marine expusieron sobre la experiencia de British Columbia, donde existen granjas salmoneras. Ante preguntas de residentes sobre contaminación, ruido, mamíferos marinos y las diferencias entre ambos ecosistemas, reconocieron que serían necesarios estudios específicos en Malvinas para determinar qué conclusiones del caso canadiense podrían aplicarse localmente.
El conflicto tiene además un antecedente judicial. En 2022, el gobierno había rechazado la salmonicultura, pero Unity Marine obtuvo una revisión judicial bajo el argumento de que antes de aquella decisión debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. Posteriormente, ambas partes acordaron anular esa resolución y establecer el proceso de consulta que ahora está en marcha.
James Wallace, director gerente de Fortuna, remarcó que Unity Marine no solicitó todavía una licencia para operar y defendió la necesidad de una evaluación ambiental robusta antes de cualquier decisión. Para los opositores, sin embargo, el proceso actual no ofrece garantías suficientes.
