CÓRDOBA.- Buenos Aires habría recibido $166.359 millones; Santa Fe, $67.704 millones, y Córdoba, $67.266 millones. Ese sería el resultado de un ejercicio que calcula cuánto dinero adicional habría llegado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre enero y julio si los recursos equivalentes al 35,44% del impuesto a los combustibles líquidos, actualmente destinados a fondos fiduciarios de infraestructura y a la compensación del transporte público, se hubieran distribuido según los coeficientes de coparticipación federal. El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, no ejecutó ese reparto porque decidió retener la recaudación en inversiones financieras, tal como reveló LA NACION el domingo pasado.
El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% equivale a $1.334.735 millones.
Si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones y el resto correspondería al componente nacional del esquema.
“El ejercicio permite dimensionar, de manera acotada, el planteo que los gobernadores no consiguieron convertir en ley, como es transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias. No reproduce exactamente el proyecto de ley del año pasado de los gobernadores, ya que contemplaba una masa mayor y un criterio de reparto diferente, explicó Correa Becker.
En el listado de reparto elaborado, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparecen Chaco, $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.
Luego se ubican Salta, $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones, $25.024 millones.
En el siguiente grupo aparecen Jujuy, ($21.522 millones=; Catamarca ($20.866 millones); Río Negro ($19.115 millones); CABA ($18.686 millones); San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). Cierran La Pampa, con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones.
El 35,44% que Galois utiliza para el ejercicio no es una cifra arbitraria. Surge de sumar tres destinos específicos del impuesto: 4,31% para el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, 28,58% para el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y 2,55% para la compensación al transporte público. El resto del impuesto se distribuye entre el Tesoro Nacional, Fonavi, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
Es justamente en torno a esos fondos donde se reabrió la pelea. LA NACION puso el foco en el SisVial, el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y precisó que, al cierre de mayo más de $1 billón de esos recursos estaban en inversiones financieras. Son fondos administrados por el Ministerio de Economía y el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal.
La particularidad de este debate es que, mientras Nación usa para inversiones financieras recursos asociados a la infraestructura, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y por la necesidad de que el Estado vuelva a invertir en mantenimiento y obras.
El antecedente está en aquel proyecto de ley de 2025, cuando los mandatarios impulsaron un proyecto para eliminar los distintos fondos y asignaciones específicas y elevar a 57,02% la participación provincial en el impuesto.
La propuesta establecía que 25% de esa porción se distribuyera en partes iguales y 75% mediante los coeficientes de la Ley 23.548. El Senado la aprobó por 56 votos contra 1, pero en Diputados obtuvo 126 votos, tres menos que los 129 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, precisó como necesaria por tratarse de una reforma de la coparticipación.
