Un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo, que el Gobierno dio de baja para reemplazarlo por vouchers de capacitación, pretende llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de recibir un fallo adverso que confirmó el corte del subsidio decidido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
Cinco beneficiarios del plan Volver al Trabajo, que habían iniciado un reclamo judicial para evitar el corte del beneficio, cuyo monto era de $78.000, presentaron un recurso extraordinario federal para que sea la Corte Suprema la que defina la situación. En abril, el juez federal de Campana Adrián González Charvay había hecho lugar a una medida cautelar que suspendía la eliminación del plan. En julio, los jueces Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocaron esa decisión del magistrado y dejaron vigente el cese de los pagos del plan, que alcanzaba a más de 900.000 personas en todo el país.
En su pedido para que tome intervención el máximo tribunal nacional, los demandantes argumentan que la eliminación del plan Volver al Trabajo confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín “deja sin efecto una tutela cautelar destinada a preservar la continuidad de prestaciones económicas de naturaleza alimentaria percibidas por personas en situación de especial vulnerabilidad social, hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se acredite la implementación de una política sustitutiva real, accesible y equivalente”, lo que redunda en un “gravamen federal actual, concreto y de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
La Cámara es la que debe definir si concede o no el recurso extraordinario; de lo contrario, los demandantes adelantan que recurrirán al máximo tribunal “en queja”.
Para justificar la llegada del reclamo a la Corte Suprema, los impulsores de la demanda sostienen que el caso “compromete de manera directa e inmediata la interpretación y aplicación de derechos, garantías y principios de raigambre constitucional y convencional”. Entre esos puntos, manifiestan que se ven afectados “la tutela judicial efectiva, el acceso a justicia, la seguridad social, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el principio de progresividad y no regresividad, la razonabilidad de los actos estatales y la protección reforzada de grupos vulnerables”.
“El pronunciamiento resulta arbitrario, pues omite ponderar constancias decisivas de la causa, prescinde del carácter alimentario de la prestación suprimida, asigna efectos sustitutivos a una política de capacitación sujeta a inscripción, vacantes y reglamentación”, consideran en la demanda que presentaron y que se elevó al máximo tribunal nacional.
En el pedido de intervención a la Corte, los afectados señalan que “la cuestión planteada no consiste en determinar si el Poder Ejecutivo puede, en abstracto, modificar, reorganizar o sustituir programas estatales”, sino “si, al hacerlo, el Estado Nacional puede interrumpir una prestación económica mensual de subsistencia sin acreditar previamente la existencia de un mecanismo sustitutivo efectivo, accesible, operativo y equivalente”.
Según el planteo de los demandantes (Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón), “la revocación de la cautelar priva de tutela inmediata a un colectivo cuya subsistencia cotidiana se encontraba vinculada a la percepción mensual de la prestación económica del Programa Volver al Trabajo”.
Sobre el reemplazo del plan por vouchers de capacitación, los demandantes consideran que “el acceso a cursos/vouchers estaba condicionado y no garantizaba continuidad alimentaria”, y piden restablecer la vigencia del fallo favorable que había dictado González Charvay.
