Si bien se ha escrito bastante sobre las propuestas de cambio a la Carta Orgánica del Banco Central, cuyo común denominador coincide, en mayor o menor medida, en el fortalecimiento de la figura de su presidente y de su autonomía frente al apetito financiero del gobierno de turno, lo cierto es que uno de los mayores aportes del proyecto consiste en mantener el blindaje del artículo 41: los instrumentos financieros emitidos por el Banco Central son verdaderos instrumentos de política monetaria y, por ende, inmunes a la tributación, sobre todo local, ya que son considerados actos de gobierno federal.
La Corte Suprema ha sostenido, de manera inveterada, que “…la Constitución Nacional encarga al gobierno federal proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, todo ello en consonancia con uno de los elevados propósitos de la Carta Fundamental de promover el bienestar general, síntesis que encierra la acción del gobierno dirigida a impulsar el desarrollo de las fuerzas sociales…”.
La fiesta de las Leliqs que armó el gobierno anterior para financiar el gasto público salió mal. Que durante ese período fuera mejor negocio para los bancos tener al Estado como cliente que financiar la producción ya es una historia conocida por todos.
Sin embargo, el efecto búmeran llegó después. Las provincias y los municipios comenzaron a gravar el rendimiento financiero de esos instrumentos de política monetaria que integraban la cartera de las entidades bancarias. De hecho, hoy tramitan ante la Corte Suprema y la justicia federal del interior varias causas en las que se discute la potestad tributaria local sobre esos instrumentos correspondientes a los años 2023 y 2024. El uso -y abuso- de estos instrumentos de política financiera del Banco Central, de innegable importancia porque sirven esencialmente para regular la política monetaria y preservar el valor de la moneda, terminó generando un nuevo frente de conflicto. En gran medida, el proyecto impulsado por el oficialismo pone el foco en prevenir que esta situación vuelva a repetirse y en fortalecer la institucionalidad hacia el futuro.
Así, instrumentos concebidos para administrar la liquidez de la economía y sostener la estabilidad monetaria terminaron siendo vistos como “bombas pasivas remuneradas” y, además, quedaron alcanzados por una creciente presión tributaria local sobre sus rendimientos. El resultado es una tensión entre la necesidad recaudatoria de provincias y municipios y la eficacia de la política monetaria nacional.
La reforma apunta, entonces, no solo a limitar el uso de estas herramientas, sino también a dejar expresamente establecido que los instrumentos financieros emitidos por el Banco Central gozan de inmunidad tributaria -especialmente frente a tributos locales- por su naturaleza de instrumentos de política monetaria.
En definitiva, el debate no gira únicamente alrededor de la autonomía del Banco Central ni de las facultades tributarias de las provincias. Lo que está en juego es si las herramientas diseñadas para preservar la estabilidad monetaria pueden quedar condicionadas por intereses fiscales que, aunque legítimos, terminan interfiriendo con una función que la Constitución reserva al Estado federal. Ese es, precisamente, el sentido del blindaje que propone la reforma.
Profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral
