La Justicia le pidió al Gobierno más información sobre los faltantes que existen en los registros que la Policía Federal entregó hasta el momento en la causa que investiga los incidentes ocurridos durante la movilización del 12 de marzo del año pasado, que terminó con heridos y con el fotógrafo Pablo Grillo gravemente herido.
En la causa, que tramita en el juzgado de María Servini, la Policía ya suministró dos transcripciones de las conversaciones que efectivos mantuvieron por handy el día de los hechos. La primera entrega, que abarca desde el mediodía hasta la noche, registraba un faltante de una hora completa, entre las 17 y las 18, cuando Grillo fue alcanzado por el casquillo de una granada de gas.
En la segunda, que fue aportada durante esta última feria judicial y pretendía subsanar el faltante, en los minutos que rodearon al incidente se registran tramos de la conversación que fueron marcados por la Policía como “sin audio” o “ininteligible”, según pudo ver LA NACION.
Fuentes al tanto del caso señalaron que el juzgado ya pidió al Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, “mayores precisiones” sobre los registros incompletos.
El intercambio de información ocurre en la causa que investiga todos los hechos ocurridos durante la movilización y que es paralela a la que investigó el ataque puntual contra Grillo, tramo que ya fue elevado a juicio oral.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que es querellante en el caso y busca orientar la investigación hacia la cadena de mandos, considera que los faltantes son deliberados.
“No es la primera vez que surgen maniobras tendientes a empantanar la investigación del ataque a Pablo Grillo por parte de fuerzas federales pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación”, señalaron en un comunicado.
“Ya en los primeros meses de ocurridos los hechos, la Gendarmería omitió entregar información y filmaciones obtenidas por gendarmes que estaban en las cercanías de Guerrero cuando efectuó el disparo a Grillo”, dice el texto.
Es que mayo del año pasado, la Gendarmería entregó en la Justicia el contenido de solo una de las dos cámaras llevadas por la fuerza de seguridad a la movilización. Luego, la fuerza policial, que depende del Ministerio de Seguridad que en ese momento lideraba Patricia Bullrich, afirmó que la segunda cámara nunca había sido “activada”.
“En dicha oportunidad [por el 12 de marzo] también portaba UNA (1) cámara de filmación ‘Go Pro’, número de serie C3161355578424, el Gendarme Jorge Luis Reyes (MI 42.993.212 CE 110275), integrante de la Sección Empleo Inmediato, la cual no fue activada por lo que no cuenta con registros fílmicos de dicho operativo”, explicó Gendarmería en una texto firmado por su director, Claudio Miguel Brilloni.
Grillo
Los hechos investigados ocurrieron frente al Congreso, en la tarde del 12 de marzo, durante una de las habituales movilizaciones por la situación de los jubilados. La manifestación terminó con graves incidentes, enfrentamientos entre policías y manifestantes, detenidos que luego fueron liberados y con Grillo peleando por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
El tramo del caso que investigó la agresión identificó y procesó al gendarme Héctor Guerrero, del destacamento 6, como autor del disparo y ya fue elevado a juicio oral.
Quedó bajó la órbita del Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Adriana Palliotti, Enrique Méndez Signori y Diego García Berro.
En su defensa, Guerrero sostuvo que nunca tuvo la intención de herir a Grillo y que había disparado su arma de acuerdo con el manual de uso.
Los videos de aquel día, sin embargo, muestran que el gendarme disparó el arma de manera horizontal, a contramano de lo que indica el manual, que establece que debe hacerse en ángulo para que el proyectil describa una parábola.
La jueza Servini estableció que Guerrero disparó en seis oportunidades, violando los protocolos para el uso de este tipo de armas, que lanzan cartuchos de gas lacrimógeno. Asimismo, ordenó extraer testimonios para seguir investigando la cadena de mandos.
