Cuando una persona ha sido investigada durante años, juzgada en un proceso público, condenada por tribunales competentes y esa condena ha sido confirmada por sucesivas instancias judiciales, resulta legítimo que agote también los mecanismos internacionales previstos por el derecho. Nadie puede objetar el ejercicio de los recursos que el orden jurídico pone a disposición de cualquier ciudadano. Lo que sí puede discutirse es la utilización política de esos mecanismos.
La presentación realizada por Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas parece perseguir mucho más que un eventual pronunciamiento jurídico. Busca reinstalar un relato, con una insistencia digna de mejor causa. Pretende sembrar nuevamente la sospecha de que una condena reiteradamente confirmada tras un largo proceso judicial sería, en realidad, el producto de una conspiración política.
La dificultad de esa estrategia tropieza con dos obstáculos insalvables: en primer lugar, los hechos; en segundo término, el agotamiento de gran parte de la ciudadanía ante la reiteración continua de una ficción caprichosa en la que pocos ya creen.
La condena de la expresidenta de la Nación no fue improvisada ni el resultado del capricho de un magistrado aislado. Durante años intervinieron fiscales, jueces y tribunales de distintas instancias. Se produjeron innumerables pruebas, se celebraron audiencias públicas, se garantizaron todas las posibilidades de defensa y las decisiones fueron sucesivamente revisadas y confirmadas.
Quien pretende ahora convertir un expediente judicial en una causa internacional no discute solamente una sentencia. Discute el funcionamiento mismo del sistema institucional argentino.
Es legítimo acudir a los organismos internacionales cuando un Estado viola derechos fundamentales. Muy distinto es intentar utilizarlos como escenario para prolongar una batalla política ya perdida en los tribunales nacionales.
No deja de llamar la atención que esta ofensiva internacional aparezca precisamente cuando el liderazgo de la exmandataria atraviesa su momento de mayor debilidad. Da la impresión de que el verdadero objetivo ya no consiste en modificar una situación jurídica extremadamente difícil de revertir, sino en conservar centralidad política, mantener vivo un exhausto liderazgo en claro retroceso y condicionar –e incluso manipular– las negociaciones internas del espacio que todavía pretende conducir.
Puede obtener titulares. Puede conseguir alguna declaración favorable. Puede incluso lograr que algún organismo internacional formule observaciones cuya trascendencia jurídica sería discutible. Pero ninguna resolución podrá borrar de la memoria colectiva los hechos que condujeron a la condena ni el recuerdo de un sistema de poder cuya extraordinaria acumulación de riqueza continúa exigiendo explicaciones que, por imposibles, nunca habrán de llegar.
La opinión pública ha demostrado en los últimos años una madurez mayor de la que muchos suponían. Sería un error creer que un nuevo cambio de escenario pueda bastar para alterar la percepción que millones de argentinos han construido después de seguir durante años uno de los procesos judiciales más trascendentes de nuestra historia reciente.
La prestidigitación puede desviar la mirada durante unos segundos. No modifica la realidad. Cuando el truco termina, el público vuelve a mirar el escenario tal como realmente es. Ya no hay heroína perseguida ni víctima alguna de conspiraciones inexistentes. Solo queda el recuerdo de un sistema de poder cuya extraordinaria acumulación ilegal de riqueza continúa exigiendo explicaciones que nunca llegaron de manera convincente; queda también la patética estampa de una dirigente condenada que se resiste a abandonar el centro de la escena mediante un relato que los hechos han ido desmintiendo una y otra vez. El teatro podrá prolongarse todavía algún tiempo. Pero ningún actor consigue impedir que, tarde o temprano, al final de toda función, baje el telón.
