El Gobierno oficializó este jueves la suspensión del decreto que había desregulado el servicio de practicaje y pilotaje y que derivó en un conflicto con los profesionales del sector, que esta semana paralizó gran parte de la actividad portuaria y del comercio exterior argentino.
La decisión quedó formalizada mediante el decreto 716/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. La medida había sido anticipada por el Gobierno luego del acuerdo alcanzado con los prácticos, que incluyó una reducción del 20% en las tarifas y la reanudación de las tareas de asistencia a la navegación.
La nueva normativa suspende los efectos del decreto 690, dictado a fines de julio, y restituye mientras dure esa suspensión las disposiciones que regían anteriormente. Aquel régimen había eliminado distintas restricciones para el ingreso de nuevos prestadores y avanzado en una mayor apertura de la actividad con el objetivo oficial de generar competencia y reducir los costos.
Sin embargo, su entrada en vigencia provocó una fuerte reacción de prácticos, pilotos y baqueanos, que dejaron de aceptar nuevos servicios. La medida afectó el movimiento de los puertos, provocó la acumulación de embarcaciones y generó demoras y sobrecostos para las empresas vinculadas al comercio exterior.
El propio Gobierno reconoció en los fundamentos del decreto que las medidas de fuerza generaron una “situación excepcional” que puso “en crisis el normal funcionamiento” del sistema de prestación del servicio de practicaje y pilotaje.
Ante ese escenario, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional se reunieron con representantes del sector para buscar una salida al conflicto. De esas negociaciones surgió el compromiso de normalizar el servicio, suspender la desregulación, reducir un 20% las tarifas y abrir una instancia de diálogo para elaborar un nuevo marco para la actividad. El entendimiento quedó ahora plasmado en el decreto publicado este jueves.
Además de suspender el régimen impulsado originalmente por el Gobierno, la normativa crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del ministerio de Seguridad Nacional. Estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), junto con representantes del sector de practicaje y pilotaje.
El objetivo será alcanzar consensos sobre las reglas que regirán la actividad. El ministerio de Seguridad, Prefectura y la Anpyn quedaron facultados para adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
De esta manera, el Gobierno formalizó la marcha atrás con la desregulación que había impulsado en este sector y abrió una nueva etapa de negociación con los prácticos, después de que el conflicto paralizara el movimiento de los puertos del país.
