BARCELONA.— El partido minoritario de la coalición de gobierno de Pedro Sánchez quiere que España reconsidere ser anfitriona del próximo Mundial junto con Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, donde decenas de miles de personas irrumpieron desde la frontera marroquí hacia el enclave europeo la semana pasada.
Sumar, un pequeño partido de izquierda que comparte el gobierno de España con los socialistas, presentó una moción en el Congreso el miércoles en la que pide a las autoridades deportivas españolas que revisen su plan de coorganizar el torneo de fútbol de 2030 con Marruecos y Portugal.
Sumar solo tiene 26 escaños en el Parlamento de 350 miembros, pero su voz es importante porque ocupa carteras ministeriales en el gobierno de Sánchez, quien ha recibido críticas de otros miembros de la Unión Europea por la crisis de Ceuta.
La moción no sería vinculante. Sumar indicó que espera conseguir más apoyo parlamentario, pero más allá del posible respaldo de otros pequeños partidos de izquierda, eso parece poco probable por ahora.
Sánchez ha defendido públicamente el papel de las autoridades marroquíes y afirmó que actuaron con rapidez para ayudar en el retorno de casi todas las 72.000 personas que cruzaron a Ceuta la semana pasada. Unas 2000 personas permanecen en Ceuta, según el Ministerio del Interior de España, entre ellas mil menores.
Pero voces de la oposición e incluso la ministra de Defensa de España han pedido que Marruecos ofrezca una explicación más detallada sobre su respuesta a la crisis, que se vio alimentada por publicaciones en redes sociales que animaban a la gente a cruzar la frontera. Más de 80 personas murieron cuando intentaron nadar en un cruce masivo cerca de un espigón y de la valla fronteriza desde Marruecos hacia Ceuta, una ciudad española situada en la costa del norte de África, el jueves y el viernes.
Nahuel González, de Sumar, uno de los diputados que redactaron la moción, acusó a Marruecos de utilizar los flujos migratorios con fines políticos.
“El Estado marroquí, la monarquía marroquí, no respeta los derechos humanos, utiliza a los migrantes para ejercer presión política”, declaró González a la cadena pública española TVE.
Consultado al respecto, González no aclaró si Sumar quiere que Marruecos no sea anfitrión del Mundial o que España renuncie a organizar el evento.
“Pedimos que las instituciones deportivas de España reconsideren este Mundial que se va a compartir con Marruecos porque creemos que debemos defender los derechos humanos”, sostuvo González.
Un pequeño partido del Parlamento de Portugal, Livre, compartió la preocupación. Envió una carta al primer ministro portugués, Luís Montenegro, y al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol en la que pidió una reevaluación del Mundial, al calificarlo de “insostenible” tras la crisis de Ceuta.
La mayor parte del Mundial de 2030 será coorganizada por España, Marruecos y Portugal, mientras que la Argentina, Paraguay y Uruguay también tienen previsto albergar un partido cada uno, como homenaje al centenario del primer torneo.
Situación “insostenible”
En tanto, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó este miércoles de que la cantidad de menores migrantes que quedan en el enclave español en el norte de África tras la crisis migratoria es “insostenible”.
“Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2600% por encima de su capacidad crítica”, indicó Vivas en la televisión pública, cifrando en alrededor de 1100 los que están siendo atendidos en la ciudad autónoma.
“Es una situación absolutamente insostenible”, agregó el presidente ceutí, miembro del Partido Popular, principal formación opositora al gobierno de Sánchez.
“Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación”, indicó de su lado el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez.
En las calles del enclave, así como en parques y playas, podían verse este miércoles grupos de jóvenes migrantes.
“Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite, y pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España”, dijo Vivas.
De acuerdo con la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria. Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el Partido Popular gobierna en coalición con la formación ultraderechista Vox, contraria a esta acogida y restrictiva en cuestiones de migración.
“El Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto”, subrayó sin embargo el vicepresidente primero del gobierno español, y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la televisión pública.
Preguntado sobre una posible falta de previsión, de la que algunas voces acusan al ejecutivo nacional, el ministro Cuerpo destacó la “excepcionalidad” de lo ocurrido, que era “a la luz de los informes que se tenían totalmente imprevisible”.
Vivas afirmó, sin embargo, que días antes de la crisis alertó al gobierno central de que “se estaba produciendo un intenso flujo de entradas en Ceuta” e incluso llegó a pedir la declaración de emergencia nacional que, según contó, el ejecutivo rechazó porque “no era jurídicamente factible”.
“Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales”, lamentó.
Agencias AP y AFP
