La medida fue dispuesta por el juez Eugenio Barbera en el marco de un juicio abreviado. El condenado recibió tres años de prisión condicional por amenazas coactivas agravadas y deberá cumplir estrictas medidas de protección en favor de la víctima.
La Justicia de San Juan marcó un precedente en el sistema de Flagrancia al ordenar, por primera vez, la colocación de una tobillera electrónica con dispositivo dual a un condenado por un hecho de violencia de género. La resolución busca reforzar las medidas de protección de la víctima mediante un monitoreo permanente que permita controlar el cumplimiento de la prohibición de acercamiento.
La decisión fue adoptada durante un juicio abreviado, en el que Gabriel Adrián Molina reconoció su responsabilidad por el delito de amenazas coactivas agravadas, cometido durante un violento episodio ocurrido el pasado 2 de agosto en una vivienda del departamento Rivadavia.
Como consecuencia del acuerdo, el juez Eugenio Barbera lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional. Sin embargo, además de la pena impuesta, dispuso una serie de medidas restrictivas destinadas a garantizar la seguridad de la víctima.
Entre ellas, se ordenó la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la exclusión del hogar y, como aspecto novedoso, la utilización de un sistema de dispositivo dual durante toda la vigencia de las medidas de protección.
El fiscal de Flagrancia, Fernando Bonomo, destacó la importancia de la resolución y remarcó que se trata de una herramienta que permitirá un control mucho más efectivo sobre el cumplimiento de las restricciones impuestas por la Justicia.
¿Cómo funciona el dispositivo dual?
El sistema está compuesto por dos equipos electrónicos conectados entre sí mediante tecnología de geolocalización GPS. Uno de ellos es colocado al agresor y consiste en una tobillera electrónica acompañada por un pequeño dispositivo rastreador que transmite su ubicación en tiempo real.
El segundo equipo es entregado a la víctima y funciona como un dispositivo móvil de alerta. Ambos aparatos permanecen conectados de manera permanente, permitiendo monitorear la distancia entre las partes.
Si el agresor incumple la restricción de acercamiento y se aproxima a la distancia prohibida por la resolución judicial, el sistema emite alertas automáticas tanto para la víctima como para el centro de monitoreo, lo que permite activar rápidamente los protocolos de intervención y asistencia.
Un precedente para la protección de las víctimas
La implementación de esta tecnología representa un paso significativo en las políticas de prevención de la violencia de género en San Juan. Hasta ahora, las medidas de restricción dependían principalmente de controles posteriores y denuncias por incumplimiento.
Con el dispositivo dual, la Justicia incorpora un mecanismo de vigilancia en tiempo real que busca prevenir nuevos episodios de violencia antes de que ocurran, fortaleciendo la protección de las víctimas y garantizando un seguimiento permanente de las medidas cautelares.
La resolución dictada en este caso podría convertirse en un antecedente para futuras causas de violencia de género en las que resulte necesario reforzar las medidas de seguridad mediante herramientas tecnológicas de monitoreo permanente.
