La discusión sobre la nueva Carta Orgánica del Banco Central suele presentarse como un debate técnico. Sus defensores sostienen que el objetivo es simple: evitar que la política vuelva a financiarse con emisión y garantizar que la institución se concentre exclusivamente en preservar el valor de la moneda.
Sin embargo, detrás de esa aparente neutralidad hay una decisión política mucho más profunda. La verdadera pregunta no es si la Argentina necesita derrotar la inflación. Casi no existe discusión seria sobre ese punto. La pregunta es quién pagará los costos de mantenerla baja.
La economía contemporánea, en sus diferentes corrientes de pensamiento, ya no considera a la política monetaria como una herramienta meramente técnica. Una abundante literatura muestra que las decisiones destinadas a controlar la inflación tienen efectos permanentes sobre la distribución del ingreso, los salarios y el empleo. La estabilidad de precios tiene beneficios importantes, pero no es gratuita ni neutral.
Por eso resulta problemático que la nueva Carta Orgánica elimine cualquier referencia al empleo, al desarrollo económico o a la estabilidad financiera, y establezca como único objetivo preservar el valor de la moneda. Esa decisión implica que, aun cuando la lucha contra la inflación genere caídas sobre la actividad económica o los ingresos de los trabajadores, el Banco Central tendrá prohibido considerarlas dentro de su mandato.
La inflación perjudica especialmente a los sectores de menores ingresos. Eso es cierto. Pero eso no implica que cualquier estrategia de estabilización sea socialmente neutra. Por ejemplo, la propia evidencia reciente sugiere que los procesos de desinflación y estabilidad implican una menor participación del salario en el producto. Cuando la recuperación del salario depende exclusivamente de la capacidad individual de cada trabajador para negociar mejores condiciones o cambiar de empleo, los costos del ajuste terminan distribuyéndose de manera desigual y recayendo sobre los sectores de menores ingresos. Justamente, aquellos que se deberían beneficiar de una menor inflación.
En otras palabras, la inflación y la desinflación no son fenómenos independientes del conflicto distributivo. Son distintas formas de procesarlo. Reducir la inflación puede ser indispensable, pero hacerlo ignorando sistemáticamente sus consecuencias sobre el empleo, los salarios o la producción supone resolver ese conflicto siempre en la misma dirección.
Existe además un segundo aspecto menos discutido. Los defensores de la reforma la presentan como un avance en la independencia del Banco Central. Sin embargo, la institución ya es formalmente independiente desde hace más de treinta años. El problema nunca fue la autonomía operativa, sino la forma concreta en que esa autonomía se ejerce.
Y aquí aparece una paradoja difícil de justificar. El proyecto endurece significativamente los mecanismos para remover a las autoridades del Banco Central, pero no modifica de manera equivalente los procedimientos de designación. El resultado es una estructura que hace muy sencillo nombrar funcionarios y extremadamente difícil reemplazarlos.
La independencia de un banco central es una herramienta destinada a proteger a la institución de presiones políticas. Pero cuando los mecanismos de nombramiento y remoción quedan desequilibrados, el riesgo ya no es la dependencia, sino la captura por parte del gobierno actual. Lo que se protege deja de ser la institución y pasa a ser el directorio que hoy circunstancialmente la ocupa.
Finalmente, la discusión descansa sobre una visión simplificada de la inflación argentina. La idea de que cerrar la emisión monetaria resolverá por sí sola el problema desconoce aspectos centrales de la experiencia histórica del país. La Argentina arrastra restricciones productivas, vulnerabilidad externa y una persistente tensión distributiva que ninguna reforma institucional puede eliminar por decreto.
La estabilidad es una condición necesaria para crecer. Pero no cualquier forma de estabilidad produce desarrollo. Un esquema que reduzca la inflación al precio de salarios más bajos, menor empleo y menor capacidad productiva puede terminar convirtiendo un objetivo legítimo en una solución demasiado costosa.
La Argentina necesita un Banco Central profesional, responsable y creíble. Lo que no debería aceptar es que, en nombre de la técnica, se clausure una discusión que es inevitablemente política: cómo compatibilizar la estabilidad de precios con el crecimiento, el empleo y una distribución del ingreso socialmente sostenible.
* El autor es presidente del Banco Provincia desde 2019. También preside la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (Abappra).
