CÓRDOBA.- El aumento de la morosidad en los créditos de las familias encendió alertas en el Congreso, donde entre 2025 y 2026 ingresaron 30 proyectos de ley para atender el creciente endeudamiento de los hogares. Sin embargo, un informe del Ieral de Fundación Mediterránea sostiene que el problema no radica en un exceso de crédito ni en una falla estructural del sistema financiero, sino en una transición provocada por el cambio de régimen económico. El diagnóstico es contundente: el país no tiene un problema de sobreendeudamiento, sino de “subdesarrollo financiero”.
En esa línea, el reporte advierte que muchas de las iniciativas legislativas podrían terminar agravando el problema si restringen aún más la oferta de financiamiento. Un dato clave es la escasa dimensión del crédito en la economía argentina. Mientras en Brasil y Chile el crédito bancario al sector privado representa alrededor del 75% del Producto Bruto Interno (PBI), localmente apenas alcanza el 16%. Incluso países como Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay y México exhiben sistemas financieros mucho más desarrollados.
Esta “escasa capacidad para transformar ahorro en préstamos limita la inversión, el consumo y el crecimiento económico”, según el Ieral. El problema tampoco se limita al volumen. La composición del crédito revela una fuerte concentración en financiamiento de corto plazo.
Sobre ese escenario, el instituto analizó 30 proyectos de ley presentados en el Congreso. Las iniciativas abarcan cuatro grandes ejes: regulación de tasas y del crédito responsable; programas de refinanciación y alivio masivo de deudas; creación de mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados; y fortalecimiento de la protección de los usuarios financieros frente a prácticas abusivas de cobranza.
En las familias, el 54% del stock corresponde a tarjetas de crédito (26%) y préstamos personales (28%). Los créditos prendarios apenas representan el 5% y los hipotecarios el 35% del stock, porcentaje explicado casi exclusivamente por préstamos UVA otorgados años atrás. De hecho, esas líneas equivalen a menos del 1% del PBI, muy lejos del 28% que registra Chile o del 10% de Brasil.
En las empresas ocurre algo similar: el 41% del financiamiento corresponde a documentos y otro 12% a adelantos bancarios, mientras que los préstamos destinados a inversión productiva apenas alcanzan el 11% entre hipotecarios y prendarios.
Un informe de la consultora 1816 señala que la caída marginal de la irregularidad de junio “se debió tanto a una desaceleración en el ritmo de crecimiento del saldo de financiaciones irregulares como a un aumento en términos reales del saldo total de financiaciones“. En determinados segmentos los números son preocupantes.
El informe destaca, sin embargo, que el nuevo esquema macroeconómico iniciado en 2024 produjo un cambio de tendencia. Después de seis años consecutivos de caída, el crédito al sector privado creció cerca del 130% en términos reales entre enero de 2024 y fines de 2025, y acumuló 20 meses consecutivos de expansión. A eso se sumó una fuerte inclusión financiera impulsada por las fintech.
Según datos citados del ITBA, las personas con acceso al crédito formal pasaron de aproximadamente 16 millones a más de 21 millones en apenas dos años. Los usuarios con préstamos fintech crecieron de 3,7 millones a más de ocho millones y actualmente casi cuatro de cada diez personas que acceden al crédito formal lo hacen mediante estas plataformas.
Pero esa recuperación convivió con un fuerte aumento de la morosidad. El Ieral atribuye ese fenómeno a tres factores que actuaron simultáneamente. Uno es que la abrupta desaceleración de la inflación se frenó la licuación de cuotas; el otro es el salto de las tasas de interés reales, que en junio pasado seguían en torno al 3,6% mensual para préstamos personales y al 5,1% mensual en tarjetas de crédito. El tercero es un mercado laboral que continúa mostrando salarios estancados y deterioro en la calidad del empleo.
Como resultado, la mora escaló rápidamente. En los préstamos personales otorgados por bancos pasó de niveles cercanos al 4% o 5% durante 2023 y buena parte de 2024 hasta el 15% en abril de 2026. En tarjetas de crédito bancarias aumentó del 2% al 11%. Entre los proveedores no financieros el deterioro fue aún mayor: la irregularidad alcanzó el 34% en préstamos y el 19% en tarjetas.
No obstante, el estudio aclara que las fintech operan sobre segmentos históricamente excluidos y con préstamos promedio mucho menores —unos $541.000 frente a más de $4,1 millones en la banca tradicional—, por lo que el riesgo sistémico resulta acotado. Además, la denominada “mora operativa”, que refleja los incumplimientos recientes, comenzó a estabilizarse desde fines de 2025, lo que alimenta la expectativa de una mejora gradual.
Otro de los ejes es el costo del crédito. Según el Ieral, entre un cuarto y un tercio del costo financiero total que paga un tomador responde exclusivamente a impuestos nacionales, provinciales y municipales. El IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales elevan significativamente el costo del financiamiento. Córdoba Capital y La Matanza aparecen entre las jurisdicciones con mayor carga tributaria, mientras que Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires muestran una incidencia menor por la menor presión de tributos municipales.
