BRASILIA.– La frase del presidente argentino Javier Milei en la entrevista con Luis Majul –“(Lula) es ladrón y es un corrupto… lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente”– reavivó la polémica sobre uno de los procesos más discutidos de Brasil: el del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva en la Operación anticorrupción Lava Jato.
Lula nunca fue absuelto ni declarado inocente, pero tampoco carga con ninguna condena vigente, por lo cual es considerado inocente ante la ley. El Supremo Tribunal Federal (STF) anuló en 2021 los dos fallos que lo mandaron preso, al concluir que el exjuez Sergio Moro fue parcial y que las causas se tramitaron en un tribunal sin competencia. Las pruebas nunca se reevaluaron: los expedientes se cerraron por prescripción.
En julio de 2017, el entonces juez Moro -hoy senador y candidato a gobernador de Paraná- condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Moro presidía la 13ª Vara Federal de Curitiba, sede de la Lava Jato desde 2014, cuando una investigación de lavado de dinero destapó sobornos en contratos con la petrolera Petrobras.
Según la acusación, Lula había recibido de la constructora OAS un tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá a cambio de favorecer a la empresa. Un año después, un tribunal federal con sede en Porto Alegre confirmó la condena y la elevó a 12 años y un mes. En paralelo, el presidente de Brasil enfrentaba otra causa por reformas en una casaquinta en Atibaia, interior del estado de San Pablo.
Con la condena confirmada en “segunda instancia”, Moro ordenó su detención.
Lula se entregó el 7 de abril de 2018 y quedó preso en una sala-celda de la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Según la jurisprudencia del STF vigente desde 2016, los condenados podían ser encarcelados apenas confirmado un fallo en la segunda instancia, sin esperar el resto de los recursos ante tribunales superiores.
La entrega de Lula tuvo una alta carga simbólica. Apenas se conoció la orden, dijo a sus seguidores: “No les tengo miedo. Demostraré que soy inocente”.
Pasó casi dos días atrincherado en el sindicato metalúrgico de San Bernardo do Campo. Antes de salir hacia el auto policial, prometió a los militantes que “cada uno de ustedes se va a convertir en Lula”. Moro lo autorizó a entregarse voluntariamente y prohibió “la utilización de esposas en cualquier hipótesis”.
Pero el entendimiento que había llevado a Lula a la cárcel fue revertido por el mismo STF en noviembre de 2019: por 6 votos contra 5, pasó a exigir el agotamiento de todos los recursos antes de encarcelar a un condenado. No apuntaba a Lula únicamente -el fallo benefició a otros 37 procesados- pero permitió su liberación, dictada por un juez de ejecución el 8 de noviembre, tras 580 días detenido.
Moro había dejado la magistratura a fines de 2018 para ser ministro del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), que ganó una elección de la que Lula quedó afuera por la Ley de Ficha Limpia.
En junio de 2019, ya ministro, el sitio de noticias The Intercept reveló mensajes filtrados por un hacker entre Moro y los fiscales de la Lava Jato, donde el exmagistrado -que debía ser neutral- sugería estrategias a la acusación. El “Vaza Jato”, como se conoció el episodio, alimentó las sospechas sobre su imparcialidad y llevó a la defensa a pedir, en un hábeas corpus aparte, que se lo declarara parcial por motivación política.
Ese antecedente fue clave en 2021, en un expediente distinto. El 8 de marzo de ese año, el juez del STF Edson Fachin anuló todas las condenas de Lula en Curitiba -el plenario lo ratificó el 14 de abril, 8 votos contra 3-, pero no porque considerara a Moro parcial: el argumento fue la falta de competencia. Para Fachin, ni el tríplex ni la casaquinta de Atibaia tenían relación directa con la petrolera Petrobras, por lo que debían juzgarse en la Justicia Federal de Brasilia.
Al anular los procesos por ese defecto, Fachin argumentó que el pedido de parcialidad contra Moro quedaba “sin materia”. Analistas lo leyeron como un intento de frenar un debate más profundo sobre su parcialidad, que podía poner en riesgo la legitimidad de toda la operación Lava Jato, no solo el caso de Lula.
Pero la Segunda Sala del STF avanzó de todos modos: por 3 votos contra 2 -ratificado por el plenario, 7 a 4- declaró la “parcialidad” del exjuez en el caso del tríplex, por hechos concretos: la espectacularización de la conducción policial de Lula en 2016, llevado por la fuerza a declarar; el pinchado de los teléfonos de Lula, su familia y sus abogados; la difusión selectiva de esas escuchas a la prensa brasileña y el levantamiento del secreto de sumario de una colaboración premiada poco antes de las elecciones de 2018. El fallo anuló todos los actos de Moro en esa causa.
La anulación le devolvió a Lula sus derechos políticos y le permitió competir y posteriormente ganar las elecciones presidenciales de 2022. Las causas pasaron a la Justicia Federal de Brasilia, pero nunca se reabrieron: la fiscalía pidió su archivo por prescripción, ya que esos plazos se reducen a la mitad para mayores de 70 años.
Técnicamente, la absolución exige probar la inocencia o que no haya pruebas suficientes para condenar, algo que nunca se discutió a fondo. En el caso de Lula, lo que anuló el STF fue el proceso, no un simple trámite administrativo. Para la corte de Brasil fueron vicios que afectaron la validez del juicio penal, aunque sectores críticos -parte de la oposición a Lula- lo vieron apenas como una salida técnica.
Milei lo resumió como una “falla administrativa”. La Justicia brasileña usó otros dos términos: incompetencia y parcialidad. Ninguno de los dos es el que eligió el presidente argentino.
