Los prácticos son un eslabón fundamental del movimiento de los buques mercantes, ya que deben trasladarse a los barcos para asesorar y supervisar las maniobras que permiten la llegada y la salida de los puertos. A raíz del decreto 690/2026, publicado en el Boletín Oficial el 30 de julio pasado, los prácticos establecieron un paro con consecuencias para el comercio exterior: por lo menos 140 buques quedaron sin poder operar.
El decreto introduce modificaciones en el régimen de practicaje y pilotaje, entre ellas, abre el sector a la competencia para que la tarifa la fije el mercado. Ante este nuevo escenario, los prácticos alegan que el decreto de Federico Sturzenegger “pone en riesgo la seguridad de navegación”.
Las tareas que permiten la entrada y salida de los barcos están a cargo de personas habilitadas por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la autoridad que los rige. En esta pelea, el Gobierno se guardó una carta: en el artículo 6 del decreto, estipula que la PNA podrá proveer los servicios de practicaje, pilotaje o baquía cuando “a su juicio se presenten situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema. Asimismo, podrá requerir a la Armada Argentina la prestación de dichos servicios”.
También, “en situaciones excepcionales de crisis del sistema o fuerza mayor podrá autorizar a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con certificado de conocimiento de zona a que presten el servicio de practicaje y pilotaje en forma temporaria”.
El decreto 690/2026 reemplaza al 2694/91, que regulaba el practicaje desde hacía más de 34 años. Allí se argumenta que muchas disposiciones y exigencias quedaron obsoletas o desproporcionadas a causa del avance de la tecnología aplicable a la navegación y que impedían la incorporación de nuevos prestadores al servicio público de practicaje.
Fuentes oficiales indican que “el practicaje y pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná cuesta entre US$50.000 y US$100.000, según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario y del propio sector portuario. El capitán que comanda ese mismo barco durante semanas de travesía gana entre US$8500 y US$12.000 mensuales. El servicio del práctico por un solo viaje equivale a más de cuatro meses de sueldo del comandante de la nave. El práctico se lleva por un único atraque más de cuatro meses de ese sueldo. Y el sobreprecio se repite en cada categoría: el practicaje de un buque Panamax en el Río de la Plata cuesta US$16.903, contra US$4476 en el puerto estadounidense de Everglades y US$4729 en Gdańsk, Polonia. Casi cuatro veces más caro por la misma tarea”.
Aseguran que el sobreprecio se explica por un “mercado cerrado con llave. Para obtener el título se exigían requisitos que se duplicaban y funcionaban como barrera de entrada, sumados a una segmentación geográfica que obligaba a pagar un práctico distinto por cada tramo del mismo recorrido”.
Como ejemplo, el Gobierno sostiene que el caso más absurdo es el traslado del práctico hasta el buque: en Buenos Aires esa lancha cuesta US$2000, mientras que en Everglades sale US$200. Agregó que “las condiciones para habilitar esas lanchas eran más difíciles que las que se piden para habilitar un portaaviones, con el único fin de dejar afuera a cualquier competidor y cobrar lo que quisieran”.
En este contexto, el Centro de Navegación envió una carta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación donde describe que “la complejidad de la situación ha escalado al punto tal que, hasta el momento, se registran 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y/o pilotaje, lo cual se verá acrecentado con el correr de las horas por la sumatoria de otros tantos buques que están pautados a ingresar y salir próximamente del sistema de la Vía Navegable Troncal”.
También se cancelaron operaciones de buques que ya estaban pautadas para cumplirse en puertos argentinos y que han sido redireccionadas al Puerto de Montevideo y puertos del sur de Brasil, “afectando negativamente a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana y de up river, como también a los puertos de Quequén y Bahía Blanca, entre otros”, según el Centro de Navegación.
Advirtió que esta situación lleva a la congestión de las operaciones portuarias, de la navegación y la paralización del comercio exterior argentino, “lo que se traduce en pérdidas millonarias en divisa acumuladas en términos de incumplimientos de contratos, lucro cesante y extracostos”.
Mencionó además el daño reputacional a la marca país y recordó que “el servicio de practicaje constituye un servicio público y que ha sido declarado como “actividad trascendental“.
Al cierre de esta edición, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) informaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas, así como las del resto de la industria que requiere servicios de practicaje, “se encuentran momentáneamente interrumpidas”. Estas incluyen las actividades en los muelles de: Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Sandra Cruz, a través de las cuales opera el negocio de distribución de combustible a todo el país. La situación se extiende a Caleta Córdova (Chubut), que cumple una vital función en el traslado del crudo hacia las distintas refinerías.
