PARÍS.– Fue la operación de expulsión masiva más rápida de la historia de la Unión Europea (UE), realizada paradójicamente por un gobierno socialista acusado de tolerancia con la inmigración ilegal. También desmintió el relato de “invasión” que repiten Donald Trump y las derechas radicales europeas. Pero la crisis dejó al descubierto las profundas fracturas internas que agitan al bloque y reavivó también las sospechas que pesan sobre Marruecos, socio estratégico de Washington.
El episodio quedará grabado como uno de los más impactantes en la gestión migratoria europea. Ya el viernes, Madrid anunciaba que “la casi totalidad” de los cerca de 60.000 migrantes que habían entrado de forma irregular habían abandonado el territorio.
Bruselas trató de cortar de raíz el debate continental sobre la “segura invasión” de Europa al confirmar que no se había registrado ningún movimiento migratorio hacia territorio del bloque.
“La gran mayoría” de las personas que llegaron de forma irregular han “regresado a Marruecos” gracias al “eficaz trabajo de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que añadió que “ni una sola persona ha llegado a la España peninsular ni al resto de la Unión Europea”.
Una aclaración innecesaria ya que cualquier europeo que conozca un poco de geografía sabe que ninguna persona que entre en forma irregular a Ceuta puede acceder legalmente al continente europeo pues, si bien en el plano jurídico forma parte de España y de la UE, cuenta con un estatuto especial dentro del espacio Schengen. En otras palabras: la entrada a ese territorio no otorga automáticamente el derecho a circular libremente por el resto de Europa.
Existen controles en la salida del enclave hacia la península ibérica. No se puede entrar por tierra: hay que cruzar el Mediterráneo. No se puede abordar un barco o un avión sin documentación. Y tampoco existe ninguna vía legal para que aquellos que entraron a Ceuta esta semana pasen a la España peninsular.
El papel de Marruecos
Sin duda, el punto más delicado a nivel geopolítico es el papel de Marruecos, aliado político de Trump en esta crisis. Oficialmente, Madrid atribuye la responsabilidad a redes de traficantes que habrían difundido una interpretación errónea de una reciente sentencia del Tribunal Supremo español. Sánchez explicó que “esta interpretación” se había “extendido como la pólvora” a través de las redes de pasadores.
Sin embargo, esa versión oficial no logra convencer a parte de la prensa y a las propias autoridades españolas, que se cuestionan cada vez más abiertamente la pasividad, o incluso la complicidad, de las fuerzas marroquíes.
El medio local El Faro de Ceuta afirma que sus periodistas vieron a militares marroquíes animar a jóvenes a cruzar la frontera, y subraya que ningún cruce habría sido materialmente posible sin que los cordones policiales marroquíes les permitieran pasar voluntariamente. Una fuente citada por France 24 señala, así, una “pasividad” notable por parte de Marruecos en la zona de la frontera.
Algunos migrantes afirmaron que las autoridades marroquíes los habían alentado a partir. “No dejaban de decir ‘vayan por allá, vayan por allá’, comentó Youssef Alaoui, de 26 años, refiriéndose a los agentes de policía marroquíes que, según él, les indicaron la dirección correcta. Dijo que cruzó la frontera marítima a nado”, escribió el periódico estadounidense The New York Times.
Sobre este punto no tiene dudas Abdullah Abaakil, vicesecretario del Partido Socialista Unificado Marroquí, quien declaró a la publicación italiana Il Venerdi: “Las autoridades marroquíes han dejado pasar claramente a los migrantes. Existe una tendencia cuestionable a utilizar la migración y la desesperación de los jóvenes para poner en aprietos al gobierno español y hacerle entender cuándo las cosas no le gustan”.
Por su parte, el diario británico The Telegraph anota: “Fuentes de inteligencia occidentales sospechan que Marruecos facilitó la repentina llegada de 60.000 migrantes al enclave español de Ceuta. Según informan diversas fuentes, este aumento podría haber servido como represalia ante las frustraciones diplomáticas con España”.
Sánchez realizó recientemente una visita oficial a Argelia donde ambos países acordaron celebrar una próxima cumbre de alto nivel. En la misma se tratarán temas como la inmigración, la lucha contra el terrorismo y los intercambios culturales. Los dos países también mantienen conversaciones para aumentar el suministro de gas natural de Argelia hacia España.
Algunos expertos consideran que el fortalecimiento de los lazos de Madrid con Argel es motivo suficiente para provocar la ira de Rabat, adversario histórico de su vecino argelino.
Oportunismo político
En todo caso, nunca un flujo de tal magnitud –sin comparación alguna con la crisis anterior de 2021, cuando entre 6000 y 9000 personas cruzaron la frontera– se había absorbido con tanta rapidez. Un logro logístico y diplomático que Madrid presenta como prueba de su firmeza, y que Pedro Sánchez plasmó en un mensaje dirigido a aquellos socios europeos que se apresuraron a acusarlo de laxismo.
“La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no. Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: por Italia, 478.600; por los Balcanes occidentales, 340.600; por Grecia, 259.800; por España, 234.760; por la frontera oriental, 48.000. No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”, escribió para demostrar que las entradas irregulares por España fueron dos veces menos que por Italia, cuya primera ministra, Giorgia Meloni, lideró el movimiento de denuncia contra Madrid, cerrando temporariamente el espacio Schengen entre ambos países.
La operación tuvo lugar mientras se multiplicaba la explotación política de la crisis por parte de la derecha radical en todo el mundo, con un Donald Trump que lideró esa reacción y aprovechó un consejo de ministros en Camp David para afirmar que la escena parecía “la invasión de un país” y añadió que lo mismo le pasaría a Estados Unidos si los republicanos no ganan las próximas elecciones.
“Por el contrario, los cientos de miles de permisos de trabajo concedidos por la presidenta de extrema derecha del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, nunca han provocado la indignación de Donald Trump”, escribió en su columna editorial el vespertino francés Le Monde.
En Europa, los líderes de la extrema derecha se precipitaron: la copresidenta de la AfD alemana, Alice Weidel, aseguró que Ceuta había sido “dejada en ruinas de la noche a la mañana”, mientras que en España el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Pedro Sánchez de haber “provocado una invasión” de la frontera mediante su política de regularización masiva.
En Francia, el presidente de la Reunión Nacional (RN) Jordan Bardella, dio nuevamente muestras de su falta de tino al afirmar que “en pocos días más, 60.000 ilegales circularán por las ciudades europeas sin ningún control”. Mientras que su jefa, Marine Le Pen, aprovechó para asegurar a sus simpatizantes que “en 2027 –después de las elecciones presidenciales– nos ocuparemos de poner orden en todo esto”.
Divisiones internas
Sin embargo, aunque la crisis fue contenida, dejó al descubierto las profundas divisiones internas de la UE. Porque, si bien la Italia de Giorgia Meloni fue la más agresiva, otros países del bloque, entre ellos Finlandia y Dinamarca, se sumaron en su petición de excluir a España del espacio Schengen.
Este sábado, 22 líderes de la UE solicitaron una “videoconferencia de urgencia” de los ministros europeos del Interior para evaluar y responder a la situación provocada por la entrada ilegal de miles de migrantes en el enclave español de Ceuta.
“No podemos permitir que los cruces masivos e incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la sensación de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea, y que una entrada ilegal pueda transformarse posteriormente en una estancia legal”, sostienen los firmantes de una carta abierta dirigida a la presidencia irlandesa de la UE, al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea.
La iniciativa fue impulsada por Meloni, y por su homóloga danesa, Mette Frederiksen, que también el viernes consideró que la UE debería plantearse la suspensión de la cooperación de Schengen con España, a pesar de que Madrid fue el primero en responder “presente” ante las amenazas de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.
Entre los demás firmantes se encuentran el canciller alemán, Friedrich Merz, que sin embargo se mostró extremadamente prudente durante la crisis, y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia. Sin embargo, no figuran los líderes de Francia y Portugal, países vecinos de España.
La mayoría de los países firmantes se encuentran en vísperas de elecciones y sus líderes actuales intentan así responder a las exigencias de los movimientos radicales. La presión de la extrema derecha (Suecia, lander alemanes, Italia, Francia, España, Polonia) podría acelerar el proceso. El movimiento de Meloni –una política motivada por el ascenso del derechista Roberto Vannacci en su país– podría ser un indicio de lo que está por venir.
Y como la cuestión de la seguridad y la inmigración serán un tema central en esas campañas electorales, es fácil imaginar que el principal motivo de irritación de sus vecinos contra Pedro Sánchez no haya sido Ceuta, sino su decisión de regularizar a unos 500.000 inmigrantes irregulares que ya están dentro de España, sin consultar a sus socios sobre una medida que también los afecta.
En todo caso, la crisis de Ceuta se resolverá en cuestión de días, pero la falta de solidaridad de la Comisión Europea y de varios países de la UE tardará más tiempo en olvidarse en España. Pedro Sánchez, denunció este sábado la actitud “egoísta” de algunos países del bloque ante la crisis migratoria.
“Tal actitud –motivada por prejuicios, desinformación, ignorancia o intereses políticos– no solo contraviene el derecho europeo, el derecho humanitario y los principios de solidaridad que nos unen, sino que también va en contra de los intereses a largo plazo de Europa”, escribió en una carta dirigida a los jefes de las instituciones europeas, según la agencia AFP.
